El legislador Hernán Reyes solicitó que el asesor presidencial Santiago Caputo sea sometido a las obligaciones de la Ley de Ética Pública, debido a su “rol clave en el Gobierno” pese a no tener una designación formal.
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El legislador porteño de la Coalición Cívica, Hernán Reyes, presentó este lunes un pedido formal ante la Oficina Anticorrupción (OA) para que Santiago Caputo, principal asesor del presidente Javier Milei, sea considerado funcionario público de alta jerarquía. La solicitud busca que Caputo quede alcanzado por las obligaciones de la Ley de Ética Pública, como la presentación de su declaración jurada patrimonial y la sujeción al Reglamento de Gestión de Intereses.
“Hay una persona que toma decisiones relevantes, pone y saca funcionarios, y decide las políticas de ministros y secretarios, pero no se somete a los mismos controles”, expresó Reyes en su cuenta de X. El escrito dirigido a la OA señala que Caputo “ejerce funciones de gobierno con un alcance equivalente al de un alto funcionario del Estado” sin tener designación formal ni someterse a controles legales.
El legislador argumentó que Caputo actúa como “funcionario de facto”, con influencia directa en decisiones estratégicas del Ejecutivo, como el desplazamiento del exjefe de Gabinete Nicolás Posse y la designación de Santiago Neiffert al frente de la Agencia Federal de Inteligencia. También se menciona su rol en áreas sensibles como comunicación, Justicia y empresas estatales.
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Caputo mantiene un contrato de asesoría con la Secretaría General de la Presidencia, lo que actualmente lo exime de presentar declaraciones patrimoniales y de intereses. Sin embargo, Reyes sostiene que la magnitud de su influencia institucional justifica su inclusión como sujeto obligado ante los organismos de control.
En su presentación, Reyes remarcó que el propio presidente Milei lo definió como “el verdadero arquitecto” de su gobierno, y señaló que Caputo pasa hasta 17 horas diarias en Casa Rosada, coordinando políticas públicas más allá de la comunicación estratégica.
La OA, encabezada por Alejandro Melik, deberá ahora determinar si corresponde otorgarle ese estatus formal a Caputo y exigirle el cumplimiento de las normas que rigen para altos funcionarios públicos.
Fuente: La Nación
Foto: Archivo
