En un fallo que ha generado una intensa polémica, la Cámara Federal de Casación Penal decidió que los pagos en negro realizados a funcionarios del gobierno kirchnerista, investigados en la conocida Causa Cuadernos, pueden ser alegados como aportes de campaña no declarados y no como sobornos.
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Esta resolución podría transformar uno de los casos de corrupción más importantes de Argentina en una serie de infracciones electorales, tras años de investigaciones y personas encarceladas.
La decisión fue tomada por la Cámara de Casación, integrada por los jueces Daniel Antonio Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques. Evaluaron los casos de Ángelo Calcaterra, ex dueño de la constructora Iecsa, y Javier Sánchez Caballero, su mano derecha.
Los empresarios argumentaron que los pagos realizados durante 2013 y 2015 fueron contribuciones voluntarias a las campañas electorales del Frente para la Victoria y no sobornos para obtener contratos de obras públicas.
Esta interpretación judicial no es nueva; fue planteada inicialmente por Hugo Eurnekian, sobrino de Eduardo Eurnekian, quien argumentó que los pagos que realizó no eran coimas sino aportes de campaña, y que debían ser tratados en el fuero electoral.
La defensa de Eurnekian, liderada por Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei, logró trasladar su caso fuera del ámbito penal federal, un precedente que ahora beneficia a otros empresarios.
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Los acusados han sostenido consistentemente que los pagos fueron efectuados bajo presión para apoyar las campañas electorales. Ángelo Calcaterra declaró que su empresa participó en más de 300 licitaciones, ganando alrededor de 30 contratos, en su mayoría adjudicados por el Ministerio de Planificación Federal, dirigido por Julio De Vido y su segundo, Roberto Baratta. Según Calcaterra, Baratta le insinuó la necesidad de contribuir financieramente a las campañas del partido.
En su testimonio, Calcaterra explicó: «Baratta me llamó por teléfono y me insinuó que tenía que empezar a aportar dinero para las campañas electorales. Después, comenzó a presionarme para eso, y fue así que terminamos poniendo plata en momentos de campaña electoral, porque la presión de Baratta era mucha».
La fiscal general de juicio, Fabiana León, se opuso firmemente a esta interpretación, argumentando que trasladar estos casos al fuero electoral minimiza la gravedad de los hechos y socava la integridad del sistema judicial. Sin embargo, su apelación fue desestimada, y la Cámara de Casación decidió que la jueza federal con competencia electoral, María Servini, debe continuar la investigación sobre los hechos imputados.
Este fallo establece un precedente que podría ser utilizado por otros acusados para eludir juicios por corrupción. Armando Loson, dueño de la empresa generadora de electricidad Grupo Albanesi, y otros empresarios como Hugo Dragonetti y Jorge Balán han adoptado esta línea argumental, presentando sus casos como infracciones electorales.
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La decisión de la Cámara de Casación podría llevar a que estos casos sean trasladados del fuero penal al electoral, donde las penas son menos severas y el riesgo de prescripción es mayor.
Fuente: Noticias Argentinas.
Foto: Ámbito.
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