Este martes comenzó en Rosario la audiencia imputativa contra trece policías y cuatro civiles acusados de participar en una red de fraude con vales de combustible por $45 millones. La investigación, que lleva diez meses en curso, se centra en maniobras vinculadas al abastecimiento de patrulleros con fondos públicos.
Desde las 8.00, los implicados fueron citados en el Centro de Justicia Penal, donde se oficializarán las imputaciones por delitos contra la administración pública, abuso de autoridad, encubrimiento, incumplimiento de deberes y lavado de activos. También se espera la revelación de datos clave extraídos de la “caja negra” del área de Seguridad provincial.
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Entre los uniformados investigados se encuentran Francisco C., Nancy P., Juan Alberto V., y otros diez efectivos, mientras que los civiles involucrados están vinculados a una estación de servicio ahora clausurada. Los cuatro señalados en este rol son Mónica B., María Fernanda D. F., Oscar C. y Daniel R.
Según la pesquisa liderada por los fiscales Matías Merlo y José Luis Caterina, y presentada junto al ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, se realizaron 36 allanamientos que derivaron en varias detenciones. El fraude representaba una parte del total de $380 millones asignados mensualmente a patrullajes.
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En medio del escándalo, y aunque no figuran como sospechosos directos, fueron removidos de sus cargos el jefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, y su segundo, Mariano Govi. El hecho marca un nuevo golpe a la estructura policial de Rosario, que vuelve a quedar bajo la lupa.
Fuente: Noticias Argentinas.
