Un medio judicializó la decisión del Gobierno de restringir el ingreso de periodistas acreditados. La medida abrió un fuerte debate sobre libertad de expresión y acceso a la información.
La decisión del Gobierno de Javier Milei de restringir el ingreso de periodistas a la Casa Rosada ya tiene su primera respuesta judicial. Empresas vinculadas al diario Ámbito Financiero presentaron un amparo para que se restituya el acceso de sus cronistas acreditadas a la sala de prensa oficial.
La acción fue impulsada por las firmas responsables del medio, que solicitaron a la Justicia que deje sin efecto la medida adoptada por el Ejecutivo. En el planteo sostienen que la decisión “vulnera derechos constitucionales básicos como el acceso a la información pública y la libertad de expresión”, al impedir el normal ejercicio de la tarea periodística.
El conflicto se originó luego de que el Gobierno suspendiera los ingresos con sistema de huella digital y retirara las acreditaciones a todos los periodistas que cubren habitualmente la actividad presidencial. Desde la administración nacional justificaron la medida como una acción preventiva vinculada a cuestiones de seguridad.
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Según la versión oficial, la restricción está relacionada con una denuncia por presunto espionaje ilegal, tras la difusión de imágenes de sectores internos de la sede gubernamental. En ese contexto, voceros indicaron que se trata de una medida transitoria y remarcaron que “la restricción de ingreso no implica censura porque es una medida transitoria”.
Sin embargo, el amparo presentado cuestiona la generalización de la medida, al considerar que se aplicó a periodistas y medios que no tienen relación con el hecho investigado. El planteo advierte que una eventual irregularidad individual no justificaría una limitación masiva al acceso a la información pública.
El caso se da en un clima de creciente tensión entre el Gobierno y distintos sectores del periodismo. Organizaciones y profesionales advirtieron sobre el impacto institucional de cerrar el principal espacio de cobertura del Poder Ejecutivo, una situación que califican como inédita desde el retorno de la democracia.
Mientras tanto, otros sectores evalúan avanzar con presentaciones similares y desde la oposición reclaman explicaciones formales. La resolución del amparo quedará ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar si la medida oficial resulta compatible con las garantías constitucionales.
Con información de Perfil.
