Este viernes se realizó en Comodoro Rivadavia la audiencia de control de detención y apertura de la investigación contra Griselda Jonás, quien fue detenida este jueves en medio de una serie de allanamientos por una causa en la que se investigan irregularidades en adjudicaciones de viviendas del IPV.
En dichos procedimientos, además, se secuestró una importante cantidad de dinero en efectivo, una suma cercana a los 4 millones, se indicó.
En la audiencia, el juez Miguel Caviglia resolvió imputar a la mujer por “exacciones ilegales en modalidad de concusión, en calidad de partícipe necesaria; en concurso real con asociación ilícita en carácter de organizadora”. Además, el magistrado resolvió dictar la prisión preventiva de la imputada por el plazo de un mes.
La Fiscalía estuvo representada por Héctor Iturrioz, a cargo de la investigación, quien repasó que el hecho investigado data de al menos enero de este año, cuando «un grupo de personas, comandados por dos funcionarios de alto rango dependientes del IPV, decidieron conformar una asociación ilícita destinada a la comisión de múltiples delitos”.
El fiscal detalló que “una de las organizadoras de la ‘empresa’ era Griselda Jonás –quien- asumió el rol de representante; pues los dos Jefes de la banda permanecerían en Rawson”, advirtió el Fiscal.
En cuanto a la mecánica, se explicó que ofrecían “Carpetas Adjudicadas” del IPV, correspondientes a distintos planes de viviendas del organismo en el barrio Kilómetro 12 de la Ciudad petrolera.
El Fiscal había indicado ya el jueves que la detenida “cobraba 300 mil pesos para adjudicar el plan de vivienda y el pago debía hacerse en efectivo, logrando efectuar al mes 200 de estas operaciones, lo que lleva a suponer que hasta ahora han recaudado alrededor de 30 millones de pesos”.
Dicho cobro se hacía para asegurar una suerte de “Adjudicación Directa”. Una vez percibido el pago, Jonás enviaba las “Carpetas” a sus superiores en Rawson junto con parte de la recaudación, se detalló.
Una vez recibida la documentación, en Rawson se encargaban de confeccionar las Resoluciones donde se concretaban las adjudicaciones en favor de quienes habían pagado.
En la audiencia, también, se ratificó que la investigación detectó al menos 200 operaciones ilegales, todas ellas con el mismo modus operandi.
Por otra parte, la Fiscalía también se refirió a los funcionarios de “alto rango” del organismo y señaló que sus identidades “aún no han sido precisadas con certeza –ya que- solo se ha podido determinar que una de ellos sería una mujer mientras que el restante un hombre”.
Finalmente, en lo que respecta a la resolución de la Justicia, la prisión preventiva se resolvió ante la existencia de peligros procesales de fuga y entorpecimiento.
