La Justicia federal avanzó en una causa por trata de personas y detectó una estructura organizada que operaba bajo la fachada de un local nocturno
Nueve hombres fueron procesados por explotar sexualmente a unas 50 mujeres en un boliche que funcionaba como prostíbulo encubierto. La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía Federal N°12, a cargo de Alejandra Mángano, con la colaboración de la PROTEX.
Según la causa, el local denominado D’Lirio, ubicado frente al cementerio de la Recoleta, operaba bajo la apariencia de un bar bailable. Allí, las mujeres eran reclutadas para realizar “presencias” y servicios de “copas”, lo que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, las llevaba a concretar encuentros sexuales pagos en hoteles cercanos.
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De acuerdo con la imputación, los acusados habrían captado y explotado al menos a 50 mujeres, entre ellas dos menores de edad, aprovechando su situación de vulnerabilidad. Los hechos se habrían extendido desde abril de 2022 hasta el allanamiento realizado el 9 de julio de 2024.
El magistrado procesó a cinco imputados como coautores del delito de trata de personas agravado, mientras que los otros cuatro fueron considerados partícipes necesarios. Además, ordenó embargos por 7.800 millones de pesos, la inhibición de bienes de la firma Gran Recoleta S.A. y la prohibición de salida del país y de acercamiento a las víctimas.
La investigación se inició a partir de una denuncia anónima en la línea 145, donde se advertía sobre el funcionamiento de un prostíbulo encubierto. Durante el allanamiento se identificó a 50 mujeres, 43 de ellas en calidad de “presencias”, según el informe del Programa Nacional de Rescate.
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En su resolución, Casanello sostuvo que el lugar “funcionó como prostíbulo y constituyó un espacio de explotación sexual clandestina”. También señaló que “las mujeres eran exhibidas como objetos y debían tolerar abusos por parte de los clientes, con el aval de los organizadores”.
El expediente también reveló la existencia de una estructura con roles definidos, que incluía reclutamiento mediante redes sociales, control interno y coordinación de los llamados “pases”. Además, se detectó un movimiento de aproximadamente 1.500 millones de pesos en cuentas vinculadas a la empresa investigada.
Por último, el juez advirtió que el caso guarda relación con el prostíbulo Madaho’s, al señalar la continuidad de un mismo esquema de explotación bajo otra denominación. “El análisis de las diversas sociedades comerciales permite identificar a las mismas personas operando en ambos negocios”, concluyó.
