Varias organizaciones impulsaron desde México una propuesta para establecer un marco legal común contra el ecocidio en América Latina, con el objetivo de que los países de la región adopten normas para penalizar los daños ambientales graves e intencionales. La iniciativa fue presentada este jueves en Ciudad de México y busca reforzar la protección de los ecosistemas y de quienes denuncian delitos ambientales.
La propuesta es promovida por la organización internacional Stop Ecocidio, junto con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Asociación de Investigadores en Derecho Penal Ambiental y Climático y la Universidad Iberoamericana de México. El planteo apunta a establecer criterios compartidos entre los países para enfrentar la destrucción ambiental de gran escala.
Colombia ya incorporó el ecocidio como delito dentro de su legislación. La iniciativa presentada en México propone avanzar hacia un esquema regional que permita “penalizar la destrucción ambiental grave”, además de establecer mecanismos de protección para las personas que denuncien este tipo de hechos.
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La problemática también está vinculada con la violencia contra los defensores ambientales. Según datos de la organización Global Witness, Colombia y Brasil concentraron el 52% de los asesinatos de defensores del ambiente registrados en 2025, con 39 y 26 víctimas respectivamente. Entre las principales causas mencionadas aparecen los conflictos rurales, la deforestación y la minería ilegal.
La mayoría de las víctimas son indígenas y campesinos, mientras que numerosos casos no llegan a una condena. En este contexto, el marco propuesto contempla sanciones más severas para quienes intenten intimidar o atacar a personas que denuncien hechos vinculados con el ecocidio.
“Es una manera de prevenir y eventualmente de sancionar a quienes quieran atentar en contra de quienes protegen la naturaleza”, explicó Rodrigo Lledó, director para América Latina de Stop Ecocidio. El proyecto también plantea que los Estados tengan la obligación de reparar los daños ambientales cuando no sea posible identificar a los responsables de la destrucción.
