A pedido del gobernador Maximiliano Pullaro, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dispuso extender por 90 días el funcionamiento del Comité de Crisis en Rosario. Esta medida responde a la persistencia de hechos delictivos de extrema gravedad en la localidad, según la resolución 634 publicada este martes en el Boletín Oficial.
El Comité de Crisis, conformado por los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, tiene como copresidentes a Bullrich y Pullaro. Cualquiera de ellos puede solicitar la prórroga del funcionamiento del comité. La extensión actual se debe a una solicitud del gobernador Pullaro presentada el 8 de julio, con el objetivo de continuar con los esfuerzos coordinados por el Estado Nacional y la Provincia de Santa Fe para restablecer la seguridad interior.
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La disposición establece que, una vez vencido el plazo estipulado, si no hay una manifestación expresa de alguno de los copresidentes para cesar el funcionamiento del comité, este se prorrogará automáticamente por un plazo idéntico.
La publicación de la prórroga coincidió con la difusión de un balance del Plan Bandera por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, a seis meses de su implementación. Este plan busca reducir la violencia y desmantelar las bandas criminales que operan en el Gran Rosario.
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Bullrich destacó que «se terminó el home office narcopenitenciario», en referencia a las medidas para impedir que los jefes de organizaciones delictivas organicen acciones desde el interior de los establecimientos penitenciarios. Estas medidas, junto con el incremento del patrullaje, allanamientos y derribos de búnkeres, intervenciones sociales en los barrios y el desarrollo de actividades religiosas en los penales, han contribuido a una notable reducción en los índices de criminalidad en el primer semestre del año.
En el balance, Bullrich subrayó la incorporación del Servicio Penitenciario Federal como un actor clave para reducir o anular la comunicación de los jefes de las organizaciones delictivas con el exterior, sacándoles la capacidad de seguir administrando sus bandas desde dentro de la cárcel y ordenando extorsiones o asesinatos.
Fuente y foto: El Litoral
