El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó hoy que el Gobierno del distrito está dispuesto a «mostrar y explicar» ante la Justicia el plan de vacunación que se implementa en la ciudad de Buenos Aires, luego de la denuncia penal presentada contra la gestión por presunta «privatización» del operativo de inmunización.
De esta forma, respondió a las dos presentaciones realizadas ayer ante la Justicia: una, por la presunta «privatización de la vacunación contra el coronavirus» al «entregarles dosis a algunas obras sociales y medicinas prepagas para uso exclusivo de sus afiliados»; y otra, por la supuesta aplicación de vacunas a «militantes de Juntos por el Cambio en una asociación vecinal de Parque Chacabuco cuya referente es una dirigente radical».
En su habitual rueda de prensa en la sede del Gobierno porteño, en el barrio de Parque Patricios, Quirós explicó que, desde el Gobierno porteño, se realizaron acuerdos con siete empresas de medicina prepaga para llevar adelante la campaña de vacunación contra el coronavirus, del mismo modo en que se hace habitualmente para la distribución de otras vacunas, con el fin de «que cada ciudadano porteño tenga la misma capacidad y accesibilidad» a la inmunización.
«No tenemos ningún problema con ninguna denuncia. Si algún ciudadano tiene alguna duda, aquí estamos para mostrar y explicar lo que hacemos e hicimos y para transparentar los datos. Lo más importante es explicarle a la gente», dijo el funcionario porteño.
En ese marco, Quirós ratificó hoy que «cada ciudadano porteño va a tener en cada etapa de vacunación la misma oportunidad de acceder a la vacuna que cualquier otro ciudadano», y remarcó que «no importa la condición económica, social, el sitio donde viva o el tipo de cobertura que tenga».
«De eso nos estamos ocupando y, para eso, hemos firmado un convenio con cada una de las entidades para que nos garanticen que esto sea de esta manera», añadió en referencia a las obras sociales y prepagas.
El ministro porteño agregó: «Para lo que pretenden agregar angustia innecesaria, el mensaje es cuidémonos, y, luego de que esto pase, podremos retomar algunos debates, pero ahora todos nos tenemos que cuidar».
Por otro lado, Quirós dijo que «en la ciudad de Buenos Aires, hemos sido muy estrictos y el liderazgo de Horacio (Rodríguez Larreta) ha sido muy claro: todas las personas que tengan la voluntad de vacunarse en el Gobierno porteño van a esperar al grupo o la etapa que le toca según la condición que tiene».
«Nadie va a usar una vacuna de un trabajador de la salud en este Gobierno. Primero ellos; luego, los mayores de edad; luego, los estratégicos; y, luego, las personas que tienen enfermedades acompañante; y, en el sexto grupo, veremos si alguna persona del Gobierno debiera vacunarse por algún motivo», detalló.
«Siempre hemos sido tan severos, tan transparentes y con esta estrategia de campaña bien definida para evitar cualquier tipo de confusión, y, por supuesto que en la ciudad de Buenos Aires no ha habido ninguna posibilidad de hacer nada de lo que me preguntaban», respondió Quirós al ser consultado sobre las anomalías detectadas en el Ministerio de Salud de la Nación, que derivaron en el el alejamiento de Ginés González García de esa cartera.
Una de las denuncias presentadas ayer fue realizada por la abogada laboralista Natalia Salvo, quien acusó a las autoridades del GCBA por la «privatización del acceso a la vacunación contra el coronavirus» debido a «los contratos con prepagas y obras sociales, a las que se les entregó dosis para el uso exclusivo de sus afiliados».
Las prepagas que se mencionan en el sitio web del GCBA son: Hospital Italiano, Hospital Alemán, Hospital Británico, Sanatorio Güemes y CEMIC; las obras sociales, en tanto, son Osecac (empleados de comercio) y OBSBA (Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires).
La otra denuncia contra las autoridades del GCBA fue realizada por el abogado Yamil Castro Bianchi y refiere al presunto armado de un centro de vacunación paralelo en la CABA llevado adelante por la Asociación Civil ‘Encuentro Vecinal Sur’ en el barrio de Parque Chacabuco -con dirección en Picheuta 1517-, donde se estaría «vacunando a militantes de Juntos por el Cambio y amigos», según la denuncia presentada por el letrado.
