Días atrás se registraron dos accidentes en alta mar que dejaron el lamentable saldo de dos tripulantes fallecidos. Los hechos involucraron a marineros de los buques pesqueros Luca Mario y Cabo Vírgenes y una vez mas el foco esta puesto en la seguridad laboral a bordo y la necesidad de fortalecer los protocolos para prevenir y responder ante emergencias en la actividad pesquera.
Es de destacar que ambos casos continúan siendo materia de investigación para establecer las circunstancias en las que se produjeron estos accidentes. Los mismo reactivaron el debate sobre la utilización de elementos de protección personal, la capacitación de las tripulaciones, la eficacia de los procedimientos de rescate y la implementación de estándares internacionales que comenzarán a ser obligatorios en Argentina a partir de 2027.
El principal cambio regulatorio llegará con la entrada en vigencia del Acuerdo de Ciudad del Cabo, tratado internacional adoptado por la Organización Marítima Internacional (OMI) para mejorar la seguridad de los buques pesqueros.
Argentina formalizó su adhesión mediante la Ley 27.762 y depositó el instrumento de ratificación el 24 de febrero de 2026. El acuerdo comenzará a regir para el país el 24 de febrero de 2027 y alcanzará a los buques pesqueros de 24 metros de eslora o más.
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La normativa establece requisitos técnicos vinculados a la construcción de las embarcaciones, estabilidad, compartimentación, equipos de salvamento, sistemas de lucha contra incendios, radiocomunicaciones, inspecciones periódicas y certificaciones de seguridad, con el objetivo de reducir los riesgos operativos y mejorar la protección de las tripulaciones.
Uno de los aspectos que especialistas consideran prioritario es el desarrollo de procedimientos específicos para responder ante una caída al mar, conocida internacionalmente como Man Overboard (MOB).
Estos protocolos abarcan distintas etapas: prevención del accidente, detección inmediata de la caída, localización del tripulante, maniobras de recuperación y atención posterior al rescate.
La experiencia internacional indica que los primeros minutos son determinantes para aumentar las posibilidades de supervivencia, especialmente en aguas frías como las del Atlántico Sur, donde la hipotermia puede instalarse rápidamente.
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Tras los recientes accidentes, la Prefectura Naval Argentina recordó la importancia de adoptar medidas preventivas durante las tareas de pesca.
Entre las recomendaciones figura el uso de chalecos salvavidas homologados bajo normas SOLAS para los tripulantes que desarrollen tareas sobre cubiertas expuestas o durante maniobras de mayor riesgo.
El organismo también enfatizó que el capitán debe evaluar de forma permanente las condiciones meteorológicas y operativas para determinar si las actividades pueden continuar o si resulta necesario restringirlas o suspenderlas para preservar la seguridad de la tripulación.
El avance tecnológico también ofrece herramientas destinadas a reducir los tiempos de respuesta ante una emergencia.
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Actualmente existen dispositivos personales de localización (PLB), balizas AIS-MOB que transmiten automáticamente la posición del tripulante, sistemas de alarma por caída al agua, equipos de geolocalización y elementos de izado especialmente diseñados para recuperar personas con movilidad reducida o en estado de hipotermia.
No obstante, especialistas coinciden en que estos sistemas constituyen un complemento y no sustituyen la correcta planificación de las maniobras ni el entrenamiento de la tripulación.
Otro de los puntos que concentra la atención del sector es la formación del personal embarcado.
La realización de simulacros periódicos, el conocimiento de las funciones asignadas durante una emergencia y el uso adecuado de los equipos de salvamento son considerados elementos esenciales para mejorar la respuesta ante situaciones críticas.
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Asimismo, distintos referentes sostienen que las inspecciones deberían verificar no sólo el estado del equipamiento de seguridad, sino también el nivel de preparación de las tripulaciones para actuar frente a una emergencia real.
La implementación del Acuerdo de Ciudad del Cabo implicará adaptar la normativa nacional y fortalecer los mecanismos de control, inspección y certificación.
El desafío no recaerá únicamente sobre los capitanes de los buques, sino también sobre las empresas armadoras, los responsables de seguridad, los organismos de fiscalización y las instituciones encargadas de la capacitación del personal marítimo.
Con la entrada en vigor del tratado prevista para febrero de 2027, el sector pesquero enfrenta un proceso de actualización que busca consolidar una cultura de prevención, mejorar las condiciones de trabajo a bordo y reducir la ocurrencia de accidentes en una de las actividades productivas con mayor exposición al riesgo.


