La Policía y Gendarmería allanaron un geriátrico en Posadas tras denuncias de explotación laboral y malos tratos hacia ancianos. No se constató delito penal, pero se investigan las condiciones del establecimiento.
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Este martes, un operativo conjunto entre la Policía y Gendarmería tuvo lugar en un geriátrico de Posadas, ubicado en la calle 176 esquina 9 de Julio, tras denuncias presentadas por dos trabajadoras que acusaron explotación laboral y maltrato hacia los ancianos residentes. Bajo la orden del juez de Instrucción 2 de Posadas, Juan Manuel Monte, se realizaron allanamientos tanto en el establecimiento como en la vivienda de la propietaria, Norma A. R.
Las denuncias fueron presentadas por Yesenia M., de 19 años, y su hermana Darlyn M., oriundas de Leandro N. Alem, quienes habían sido contratadas en enero de este año por Norma Arrúa Ríos. Según las trabajadoras, la propietaria les prometió un salario de 400.000 pesos y un contrato formal, pero al llegar al lugar encontraron condiciones completamente diferentes.
“Al principio nos dijeron que en el geriátrico había tres personas, pero pronto nos dimos cuenta de que la situación era mucho peor. Nos hicieron trabajar sin descanso, sin comida, en condiciones inhumanas, y también nos mandaron a trabajar en domicilios particulares», relató Darlyn M. Las denuncias también incluyen malos tratos hacia los residentes del geriátrico, especialmente por parte de Claudia M., quien, según las trabajadoras, agredía verbalmente a los ancianos.
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En su declaración, las denunciantes mencionaron que la dueña del geriátrico contrataba empleados de forma irregular, sin pagarles los sueldos y despidiéndolos sin previo aviso. «Norma A. R. tiene la costumbre de contratar personas en negro, no pagarles y despedirlas cuando ya no le sirven», indicaron.
El geriátrico, según el relato de las trabajadoras, funcionaba en una casa de mampostería con condiciones deficientes, con habitaciones pequeñas y mal acondicionadas para los residentes. Además, en el lugar se encontraban tres ancianos: José, de 50 años con epilepsia, y Alicia y Ada, de 80 años.
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El juez Juan Manuel Monte ordenó los allanamientos para investigar las condiciones del establecimiento y verificar si está habilitado para funcionar como geriátrico. A pesar de la gravedad de las denuncias, hasta el momento no se ha constatado delito penal, aunque las autoridades continúan con la recolección de pruebas y la evaluación de la habilitación del lugar.
Este operativo subraya la importancia de garantizar el respeto a los derechos laborales y el bienestar de las personas mayores, quienes deben ser protegidos de cualquier forma de maltrato o explotación.
Fuente y foto: Misiones Online
