El Colegio Público de Abogados de Madryn hizo público este lunes su rechazo al proyecto de Ley enviado por el Gobierno a la Legislatura y que establece el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, denominado como “Impuesto a la Herencia” o “Impuesto Sucesorio”.
El Colegio explicó que el tributo “pretende castigar todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza, que comprenda o afecte uno o más bienes situados en la Provincia o beneficie a personas físicas o jurídicas con domicilio”, en Chubut.
Expresaron así su “preocupación por la modalidad con la cual se lleva a cabo este proceso de reforma, anulando la participación de los Colegios Profesionales (Abogados, profesionales de las Ciencias Económicas, Escribanos) creados por el Estado con la facultad de colaborar con las autoridades públicas en la redacción de la legislación, como principales intérpretes e interesados en la aplicación de la referida norma”.
“Preocupa la asfixiante sobrecarga tributaria que tendrán los justiciables chubutenses que deban tramitar un juicio sucesorio, efectuar una donación de bienes a sus hijos o reordenar un patrimonio familiar entre otras muchas acciones que se ven alcanzadas, y que en este sentido impedirá el acceso a la justicia para las diversas modalidades de planificación patrimonial o reorganización familiar”, remarcaron.
La norma propuesta por el Ejecutivo resulta “inconstitucional por afectar el principio de no confiscatoriedad. Este principio se traduce concretamente en que los impuestos deben garantizar la propiedad privada, asegurada por la Constitución nacional y provincial, sin abarcar una parte sustancial de la misma o de su renta”.
Destacaron así que “el impuesto que se pretende aprobar se superpone con otros provinciales y nacionales que gravan idénticos bienes que luego son heredados: Bienes Personales e Inmobiliario, Tasa de Justicia (que debe abonarse en todo trámite sucesorio, calculada sobre los valores reales de las propiedades); con lo cual no encuentra justificación seria por la que aquellos vuelvan a ser gravados en oportunidad de transmitirse a los beneficiarios”.
Cuestionaron además que esta iniciativa pretenda tener “un trámite exprés en la Legislatura sin que el proyecto cuente con un estudio meticuloso sobre cuáles son los principios impositivos que se pretenden desarrollar con el mismo en referencia a la población que se verá afectada patrimonialmente, de qué manera y en qué proporción, fundamentalmente cuando se encuentran en juego garantías constitucionales como el derecho de propiedad y a la no confiscatoriedad de los bienes”.
El Colegio Público de Abogados de Madryn remarcó en un comunicado que “no nos encontramos frente a un tributo a las grandes fortunas, sino frente a un impuesto que incidirá sobre los estratos medios de los chubutenses que ya contribuyen -pesadamente- con el pago de sus impuestos”.
Cuestionaron que se pretenda que estos sectores “solventen la sobredimensión de los gastos que generan los tres poderes del Estado, el cual últimamente destina más de lo que ingresa para pagar salarios en mora, arrimando al precipicio a la Provincia y colocándonos frente a un 2020 que será marcado por una creciente conflictividad social, frente a una clase dirigente que carece de autocrítica y razonabilidad y que, como única respuesta, pretende exigir un mayor esfuerzo a la sociedad”.
Es por ello que “exhortamos a los legisladores a no aprobar la iniciativa cuestionada, pues la misma resulta inconstitucional y podrá generar diversos planteos judiciales con los mayores costos que ello ocasionará a nuestra provincia”.
