El máximo tribunal penal del país negó el cese de prisión preventiva solicitado por el represor rosarino, al considerar que otorgarlo implicaría un retroceso hacia la impunidad.
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La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido del exteniente coronel del Ejército Juan Daniel Amelong, quien solicitaba el cese de su prisión preventiva invocando el fallo “Castillo” de la Corte Suprema. El tribunal sostuvo que no corresponde otorgar beneficios a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, en función de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.
La decisión fue fundamentada por el juez Alejandro Slokar, quien advirtió que acceder al planteo implicaría debilitar la respuesta penal del Estado frente a crímenes aberrantes cometidos durante el terrorismo de Estado. “No puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad”, señaló en su voto.
Amelong integró los grupos de Inteligencia del Destacamento 121 de Rosario durante la última dictadura cívico-militar y acumula cinco condenas por crímenes de lesa humanidad, entre ellas tres cadenas perpetuas. También fue condenado por la apropiación de mellizos nacidos en cautiverio, en una de las causas más graves vinculadas al plan sistemático de robo de bebés.
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Según quedó probado en los juicios, el represor facilitó una vivienda familiar para el funcionamiento del centro clandestino de detención conocido como “La Intermedia”, participó en una misión de Inteligencia en México y entregó a una de las hijas de Raquel Negro, nieta restituida en 2008. Su hermano mellizo continúa desaparecido.
De acuerdo a lo que pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había desestimado en 2023 una presentación realizada por Amelong, al concluir que no existió vulneración de derechos en su situación procesal.
El fallo se conoce en un contexto atravesado por discursos negacionistas y cuestionamientos a las políticas de memoria, y vuelve a poner de relieve el compromiso del Poder Judicial con los estándares internacionales de verdad, memoria y justicia, a casi 50 años del golpe de Estado en la Argentina.
Fuente y foto: Noticias Argentinas
