El Gobierno nacional, a través de la Procuración del Tesoro, presentó un recurso extraordinario federal para intentar suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida fue elevada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y luego podría llegar a la Corte Suprema.
El pedido oficial busca frenar los efectos de la cautelar que obliga a aplicar los artículos 5 y 6 de la norma, vinculados a la recomposición salarial y el financiamiento del sistema universitario. Sin embargo, hasta que no se conceda el efecto suspensivo, el Ejecutivo debe cumplir con las transferencias.
La Casa Rosada sostiene que la ley no establece fuentes de financiamiento claras y advierte que la ejecución implicaría un fuerte impacto fiscal. Según el planteo, la cautelar judicial ordena gastos sin partidas específicas, lo que pondría en riesgo el equilibrio presupuestario.
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En paralelo, el Gobierno también cuestiona la intervención del Poder Judicial en materia presupuestaria, al considerar que invade competencias del Congreso y del Ejecutivo. Por ese motivo, pidió además la conformación de conjueces para el eventual tratamiento en la Corte.
El conflicto se da en un contexto de alta tensión con el sistema universitario, que reclama la actualización de salarios y becas en base a la inflación acumulada. Estimaciones oficiales mencionan que el eventual cumplimiento del fallo implicaría transferencias cercanas a los 2,5 billones de pesos.
Ahora la definición quedará en manos de la Justicia, que deberá resolver si concede o no el efecto suspensivo solicitado por el Gobierno, en un caso que podría marcar un precedente clave sobre el financiamiento de las universidades nacionales.
FUENTE: Infobae.
IMÁGEN: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni.
