El juez de garantías Fabio Monti resolvió abrir la investigación judicial contra tres funcionarios del Ministerio de Educación de la Provincia y otras cinco personas vinculadas con empresas constructoras que se hicieron de dinero mediante la reparación de 24 escuelas, sobreprecios por los trabajos a realizar y licitaciones que se cree fueron simuladas para luego repartirse los dividendos de la maniobra.
«Se les imputa haber realizado actos infieles para lograr un lucro indebido. Consistió en haber pergeñado concursos falsos para quedarse con obras de refacción de 24 escuelas de Rawson y Playa Unión, y al mismo tiempo se investiga presuntos sobreprecios que hacían más rentable la maniobra», explicó el fiscal Omar Rodríguez al término de la audiencia de este viernes.
«En el caso particular de las escuelas de Rawson y Playa Unión estamos hablando de más de un millón, 400 mil pesos, aunque eso fue efectivamente lo que cobraron, pero estamos hablando del 50 % del monto total, o sea que obligaron al Estado por la misma suma. Quiere decir que hay personas, ahora imputadas, que eventualmente tenían la pretensión de cobrar otro idéntico monto», remarcó.
«Como este procedimiento fue llevado delante en diferentes jurisdicciones, estamos investigando casos de Madryn, Comodoro y Esquel. Y la complejidad de la causa está dada no sólo porque tiene varios imputados, sino precisamente por la cantidad de escuelas en las que habrá que hacer diferentes relevamientos», fundamentó.
«En la maniobra utilizaban partidas escolares que bajaban a los directores, cuando en realidad esta mecánica se utiliza habitualmente para la copa de leche o la compra de insumos menores, pero la elección de los proveedores y la compra siempre a cargo de los directores», recalcó Rodríguez.
«Por el contrario, en este caso, los directores no participaron ni de la selección ni de la contratación del proveedor y además corroboramos que los cheques fueron a parar a la misma persona», destacó el fiscal.
«Eran concursos armados, pergeñados por la parte privada que encabezaba Smith (el empresario que fue detenido por arrojar documentación al inodoro cuando realizaron el procedimiento en su empresa), hacían creer que competían de manera transparente y después, cuando cobraban los cheques, se lo endosaban a Smith. Así se comprueba la maniobra», explicó Rodríguez.
La modalidad es la misma que se detectó en la causa Embrujo, cuyo juicio oral y público está en pleno desarrollo: “salvando la distancia es similar porque presentaban presupuestos o cotizaciones de dos personas que pertenecían a la misma persona, Tato Ramón, y siempre el precio era mayor el de Concretando para que ganara la empresa Dual Core de Diego Correa», argumentó el fiscal.
