El gobierno laborista del Reino Unido anunció reformas en las prestaciones para personas con discapacidad y enfermedades crónicas, con el objetivo de ahorrar 5.000 millones de libras para 2029-2030. La medida ha generado controversia dentro del propio laborismo.
En su intervención en el Parlamento, la ministra de Trabajo y Pensiones, Liz Kendall, explicó que hay 3,6 millones de beneficiarios del subsidio por discapacidad, un 71% más que en 2020. Justificó los recortes argumentando que el sistema heredado de los conservadores no cumple su función de apoyo efectivo.
El plan contempla endurecer los criterios de elegibilidad para el Personal Independence Payment (PIP), del cual un 38% de los beneficiarios presentan trastornos psiquiátricos. El primer ministro Keir Starmer justificó la medida diciendo que el sistema actual es insostenible y que hay un «sobrediagnóstico» de problemas de salud mental.
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Una de las estrategias del gobierno es incentivar la reincorporación al mercado laboral mediante el «derecho a intentarlo», que permitirá a los beneficiarios de ayudas probar distintos empleos sin perder el subsidio de inmediato.
El gobierno defiende los recortes como una forma de equilibrar las cuentas, especialmente tras el aumento del gasto en defensa para el conflicto en Ucrania. Sin embargo, dentro del Partido Laborista, algunos miembros consideran que la reforma contradice los principios del partido.
El Reino Unido gastó 296.300 millones de libras en ayudas sociales en 2023-2024, lo que equivale al 11% de su PIB, según la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria.
Fuente: RFI.
