El Tribunal Superior de Londres exigió al Estado argentino información sobre contratos y cuentas bancarias para avanzar en el embargo por una sentencia de 1.330 millones de euros a favor de bonistas.
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La Justicia del Reino Unido dispuso que el Gobierno argentino deberá entregar información financiera y contractual sobre activos en el extranjero en el marco de la ejecución de una sentencia que lo obliga a pagar 1.330 millones de euros a tenedores de bonos atados al PBI. La medida forma parte del proceso de discovery, un procedimiento orientado a identificar bienes susceptibles de embargo para garantizar el cobro del fallo.
El litigio involucra a los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, que demandaron a la República Argentina tras la modificación en 2013 de la metodología de cálculo del Producto Bruto Interno (PBI), durante la presidencia de Cristina Kirchner y con Axel Kicillof al frente del Ministerio de Economía. La Corte londinense consideró que ese cambio perjudicó a los inversores al reducir los pagos vinculados a los denominados Cupones PBI emitidos en los canjes de deuda de 2005 y 2010.
En el marco de la ejecución, los acreedores ya cobraron 313 millones de euros correspondientes a una garantía depositada por el país para apelar la sentencia, recurso que fue rechazado. Según datos oficiales, todavía restan alrededor de 1.000 millones de euros pendientes, lo que convierte a este juicio en uno de los más significativos en monto para la Argentina.
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La orden judicial exige revelar contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y detalles sobre cuentas bancarias en el exterior. El director regional de Latam Advisors, Sebastián Maril, señaló que la Corte londinense instruyó al país a entregar información clave sobre activos argentinos como parte del proceso de discovery en el caso Cupón PBI en euros.
El procedimiento busca detectar activos embargables para asegurar el cumplimiento de la condena. En agosto pasado, un informe técnico del Fondo Monetario Internacional mencionó conversaciones entre Argentina y los acreedores, aunque los demandantes negaron negociaciones en curso y solicitaron la corrección del reporte.
El origen de la controversia se remonta al cupón atado al PBI, instrumento creado durante el canje de deuda de 2005 liderado por Roberto Lavagna. El mecanismo establecía pagos adicionales si el crecimiento económico superaba el 3% anual hasta 2035. Sin embargo, en 2013 el entonces Indec modificó la base de cálculo y reportó un crecimiento inferior al umbral requerido, lo que impidió activar el pago de los warrants.
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La sentencia dictada en 2023 por el Tribunal Superior de Londres condenó al país a abonar el equivalente a unos USD 1.500 millones entre capital e intereses. En febrero de 2025, los fondos ejecutaron la garantía instrumentada mediante una Carta de Crédito emitida por Banco Santander, cuyo respaldo —según estimaciones de especialistas— estaría compuesto por efectivo o instrumentos de pago inmediato.
Los acreedores sostienen que la Argentina no coopera con las medidas para ejecutar la deuda ni abona los intereses acumulados. Además, advierten que el país debería regularizar sus compromisos externos antes de intentar regresar a los mercados internacionales de capital. La orden de revelar activos en el exterior abre ahora una nueva etapa judicial con potencial impacto financiero y diplomático.
Fuente y foto: Infobae
