Una nueva normativa impide que quienes ingresen ilegalmente al país puedan solicitar la nacionalidad británica, incluso si han residido allí por años.
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El gobierno del Reino Unido ha implementado nuevas restricciones migratorias que dificultarán que los refugiados que ingresen por vías irregulares, como en pequeños barcos o escondidos en vehículos, puedan convertirse en ciudadanos británicos. Según la actualización de la guía del Ministerio del Interior, a partir del 10 de febrero de 2025, cualquier persona que haya entrado ilegalmente al país será rechazada automáticamente en su solicitud de ciudadanía, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde su llegada.
El gobierno sostiene que estas medidas refuerzan el control fronterizo y dejan en claro que quienes ingresen de manera ilegal no serán beneficiados con derechos de ciudadanía. Sin embargo, esta política ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones humanitarias y políticos de oposición, que advierten sobre su impacto en miles de refugiados que buscan integrarse en la sociedad británica.
El Consejo de Refugiados y varios parlamentarios laboristas han condenado la decisión, calificándola como una medida que convertirá a los refugiados en «ciudadanos de segunda clase para siempre». La diputada Stella Creasy señaló que estas restricciones socavan los principios de integración y derechos humanos.
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El cambio en la normativa fue reportado por primera vez en el blog Free Movement, que destacó que al menos 71.000 refugiados podrían quedar excluidos de la ciudadanía británica debido a esta medida.
Por su parte, Enver Solomon, director ejecutivo del Consejo de Refugiados, calificó la política como «irracional y contraproducente», argumentando que los refugiados quieren contribuir y formar parte del país que les brindó protección. También instó al gobierno a reconsiderar urgentemente la decisión.
El endurecimiento de la ciudadanía forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para reformar el sistema migratorio. Esta semana, la Cámara de los Comunes aprobó en primera instancia el Proyecto de Ley de Seguridad Fronteriza, Asilo e Inmigración, impulsado por el Partido Laborista, que reemplaza el polémico Plan de Ruanda de los conservadores y endurece las penas contra los traficantes de personas.
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El proyecto de ley propone que los traficantes sean tratados como terroristas y que el acto de poner en peligro a otra persona durante un cruce ilegal en el Canal de la Mancha sea considerado un delito. Además, se han intensificado las operaciones contra el trabajo ilegal, con 828 redadas en negocios como salones de uñas, lavaderos de autos y restaurantes en todo el país.
Hasta ahora, los refugiados que ingresaban por rutas irregulares debían esperar 10 años antes de poder solicitar la ciudadanía. Sin embargo, con esta nueva medida, ni siquiera podrán solicitarla, dejando a miles de personas en un limbo legal permanente.
Para el abogado de inmigración Colin Yeo, la decisión viola la Convención de Refugiados, ya que, según el derecho internacional, toda persona tiene derecho a solicitar asilo sin importar cómo haya llegado al país.
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Desde el sector conservador, la líder Kemi Badenoch respaldó las restricciones, argumentando que la ciudadanía y la residencia permanente «deben otorgarse solo a quienes demuestren un compromiso real con el Reino Unido».
A pesar de las críticas, el Ministerio del Interior ha reafirmado su postura y aseguró que las solicitudes seguirán siendo evaluadas caso por caso, aunque las reglas serán más estrictas para quienes hayan ingresado sin autorización.
Fuente: BBC
Foto: Archivo
