Con la jornada de este jueves jueves terminó la audiencia preliminar en la causa Revelación en la que se encuentran imputados ex funcionarios y empresarios de la construcción. Ahora en más el juez Sergio Piñeda tiene seis días hábiles para resolver.
La causa tiene como imputados a ex funcionarios de altísimo nivel provincial y también a empresarios de la construcción durante la última gestión del ex gobernador Mario Das Neves.
Durante cuatro extensas jornadas que se iniciaron la semana pasada los defensores realizaron distintas objeciones a las pruebas, testigos, hechos y la acusación que elaboró el fiscal Marcos Napoli, en esta oportunidad acompañado por el fiscal Alejandro Franco y el funcionario Gustavo Nuñez. Los cuestionamientos además incluyeron la posibilidad de que ex imputados en esta causa puedan o no ser testigos en el juicio oral y público.
El juez Sergio Piñeda deberá resolver en los próximo seis días y para ello no se realizará una nueva audiencia sino que se notificara solamente a las partes vía correo electrónico. La audiencia preliminar que finalizó se efectuó en la oficina judicial de la ciudad de Rawson.
CUESTIONAMIENTOS DE LOS DEFENSORES A LOS FISCALES
La audiencia preliminar en lo que constituyó la cuarta jornada de debate entre defensores y acusadores, antes de las numerosas resoluciones que deberá tomar el juez de garantías Sergio Piñeda si se tiene en cuenta la variedad y cantidad de planteos que realizaron los defensores de los 11 imputados en la causa, entre ex funcionarios provinciales y empresarios de la construcción.
Por los querellantes estuvieron los representantes de la Fiscalía de Estado, Oficina Anticorrupción y de los diputados provinciales del Frente Para la Victoria, denunciantes del caso investigado. Se trata del pago de retornos de la obra pública por parte de los empresarios de la construcción para poder cobrar del Estado los certificados por las obras realizadas.
El primero en hacer uso de la palabra fue el defensor Federico Ruffa que asistió a Gonzalo Carpintero, el imputado que al momento de los hechos investigados, era secretario privado del ex gobernador Mario Das Neves.
Carpintero está imputado de los delitos de ser miembro de una asociación ilícita, además del delito de enriquecimiento ilícito.
La audiencia se realizó con las ausencias de algunos imputados y sus respectivos abogados que ya cuestionaron en las primeras audiencias la investigación que se pretende llevar a juicio oral el año que viene. Desde Puerto Madryn y por video conferencia estuvieron presentes el imputado Alejandro Pagani y su defensor Carlos Villada.
«NUNCA FUE MENCIONADO»
Respecto de la imputación de ser miembro de una asociación ilícita, Ruffa dijo que Carpintero “no tuvo ninguna participación en la asociación ilícita que se investiga y ningún empresario de la construcción lo mencionó en la acusación presentada”. Lo único que lo vincula es “el acercamiento al ex gobernador Das Neves lógicamente por la función que cumplía, y la cercanía física de su despacho”, indicó el defensor.
Respecto del delito de enriquecimiento ilícito, Ruffa dijo que la gran cantidad de hechos que le achacan a Carpintero, han prescripto. También hizo alusión a los datos que no brindó Carpintero al momento de realizar sus declaraciones juradas de bienes.
«AMENAZA SOLADAPA»
Napoli pidió además que Alberto Gilardino no sea tenido en cuenta como testigo en el juicio oral. Fue ex ministro coordinador en el gobierno de Mario Das Neves. “Su testimonio estará encorsetado: o se calla, o va preso”, dijo Ruffa de manera contundente para luego brindar una lacónica explicación.
Al momento de la contrarréplica, el fiscal general Marcos Nápoli dijo que en el debate se podrá probar las responsabilidades de Carpintero en la mayoría de los ilícitos que se investiga. Por ejemplo su participación de la asociación ilícita. Consideró como “temerarios” los dichos de Ruffa sobre el testigo Gilardino por tratarse de –según Nápoli- “una amenaza solapada”. Nápoli ratificó la presencia de Gilardino como testigo en el juicio afirmando expresamente que “ningún testigo se irá esposado por contar en el juicio lo que sabe”.
Para Nápoli además los hechos de enriquecimiento ilícito que se investigan contra Carpintero, no han prescrito, tras lo cual defendió en todos sus términos el informe que en la investigación realizó la contadora Viviana Karlem. La profesional es integrante del Equipo Técnico Multidisciplinario del Ministerio Público Fiscal.
Nápoli concluyo en rechazar el sobreseimiento de Carpintero y que las imputaciones en su contra sean elevadas a juicio “en todos sus términos”.
Tras un cuarto intermedio se reanudo la audiencia, llegó el turno del defensor Jorge Rubiolo, asistió a Martin Bortagaray, quien manifestó que su defendido “cumplió órdenes de niveles superiores”.
Además recalco que Bortagaray en el año 2016 no trabajó en el IPV, se desempeñó en CORFO, agregó que “nadie puede decir que Bortagaray se enriqueció con la función pública, vive en una casa en construcción en un barrio de Dolavon sin muebles ni autos de lujo”.
Rubiolo concluyó que Bortagaray no formó parte de ninguna banda criminal y pidió su sobreseimiento.
Por su parte, el fiscal Alejandro Franco replicó, diciendo “las ordenes deben cumplirse, pero no las ordenes ilegales”. Continuó el fiscal Marcos Napoli, recordando que “Bortagaray cobró sobresueldos y aclaró que no es acusado de enriquecimiento ilícito sino de cohecho activo y de alimentar la banda que producía delitos, y lo encuadró como partícipe necesario”, un verdadero soldado dijo el fiscal y concluyó pidiendo la elevación a juicio para Martin Bortagaray.
Por su parte, el defensor Emilio Galende, patrocinante del ex ministro coordinador Víctor Cisterna, reforzó el pedido de sobreseimiento para su asistido, teniendo en cuenta que Pablo Bastida, quién como nexo entre Cisterna y lo empresarios fue sobreseído.
Galende insistió en que «no sabemos de qué nos tenemos que defender».-
La audiencia preliminar comenzó con 16 imputados, pero los fiscales y las querellas pidieron el sobreseimiento de los empresarios Mauricio Capandeguy y Patricio Manzanel, mientras se acordó la suspensión del juicio a prueba para otros cuatro empresarios: Oscar Sandín, Jorge Rossi, Gonzalo Córdon Ferrando y Juan Pedro Riquelme, aunque también el juez Pineda debe fallar sobre estos casos.
En consecuencia, el Ministerio Público Fiscal y las querellas mantuvieron firmes sus pedidos de elevación a juicio para los ex funcionarios Diego Correa, Víctor Cisterna, Pablo Oca, Gonzalo Carpintero, Martín Bortagaray, Alejandro Pagani y Diego Luthers, además de los empresarios Federico Piccione, Martín Castillo y Pablo Bastida.
El empresario periodístico comodorense Andrés Ninín había sido el primer condenado en juicio abreviado, mientras otros empresarios fueron beneficiados con distintas «probation» o con la figura de «reparación» en una causa que comenzó con 35 imputados y fue declarada compleja.
