La fiscalía cuestionó decisiones judiciales en una causa que involucra maniobras ilegales entre Argentina y Chile. Apuntan a una estructura organizada con múltiples delitos y reclaman revisar sobreseimientos y faltas de mérito.
La causa conocida como “Alianza Austral” sumó un nuevo capítulo tras la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal contra los sobreseimientos y faltas de mérito dictados en favor de integrantes de una presunta organización dedicada al contrabando. La investigación abarca maniobras ilegales vinculadas al tráfico de divisas, cigarrillos, neumáticos y otras mercaderías entre Argentina y Chile.
El planteo fue impulsado por el fiscal general Julio Zárate junto a otros representantes del MPF, quienes cuestionaron la resolución del Juzgado Federal de Río Gallegos. En ese fallo, se había procesado a 10 de los 21 imputados por contrabando agravado y encubrimiento, pero se descartaron cargos por asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos.
En la apelación, los fiscales sostuvieron que el análisis del magistrado fue incompleto. “La resolución dictada por el tribunal […] ha sido sostenida a partir de una valoración fragmentaria y aislada de los elementos colectados en la pesquisa”, señalaron, al remarcar que no se consideró el funcionamiento integral de la supuesta organización.
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Según la hipótesis investigativa, el grupo operaba entre 2021 y agosto de 2023 en zonas fronterizas de Santa Cruz, utilizando pasos no habilitados para el traslado de mercadería. Mientras los cigarrillos eran enviados hacia Chile, neumáticos y otros productos ingresaban de manera ilegal al país, en una operatoria que incluía pagos en dólares y cheques.
La pesquisa también detectó el uso de estructuras empresariales para canalizar ganancias ilícitas, mediante la emisión de facturas apócrifas. Además, se identificó un importante despliegue logístico, con vehículos, propiedades rurales estratégicamente ubicadas y vínculos en distintas ciudades, lo que refuerza la sospecha de una organización compleja.
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En paralelo, la causa tiene conexión internacional a través de un equipo conjunto de investigación con autoridades chilenas. En ese país ya se registraron condenas contra seis personas vinculadas a las maniobras, con penas que alcanzan hasta seis años de prisión efectiva.
Los fiscales insistieron en que los elementos reunidos permiten avanzar con imputaciones más graves. “Los elementos incorporados a la investigación […] permiten tener por acreditados con el grado de probabilidad que esta instancia del proceso requiere, los hechos de lavado imputados”, afirmaron, al tiempo que buscan revertir las decisiones judiciales y profundizar la investigación.
