En un intento por asegurar el control sobre recursos clave para su economía y autonomía energética, las provincias de Río Negro y Neuquén han formalizado ante el Gobierno nacional la solicitud del 51% del paquete accionario de las represas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La propuesta se presenta como una respuesta a la privatización impulsada por el presidente Javier Milei, quien ha anunciado la venta total de estas represas en un plazo de 180 días.
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Las represas mencionadas generan una potencia combinada de 4.000 MW, siendo vitales para el sistema eléctrico nacional. Según argumentan los gobiernos provinciales, la reforma constitucional de 1994 otorga la titularidad de los recursos naturales a las provincias. Esta disposición, sostienen, les da derecho a administrar y controlar las represas dentro de sus jurisdicciones. La demanda, que busca frenar la privatización total, pone en debate la concesión otorgada en 1993, cuyo vencimiento ya ha tenido lugar, lo que intensifica el pedido provincial.
La senadora rionegrina Mónica Silva, representante de Juntos Somos Río Negro, formalizó la solicitud en el Senado en nombre del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. Silva presentó una propuesta de modificación al decreto 718, firmado por Milei, que establece la venta total de las represas. La modificación propone limitar la venta al 49% del paquete accionario, reservando la mayoría accionaria del 51% para las provincias, de manera que puedan retener el control sobre la administración de estos recursos estratégicos.
El reclamo busca también establecer una mesa de diálogo entre el Gobierno nacional y las provincias afectadas, donde se discutan los términos de la privatización. Para las provincias, el acuerdo debería respetar tanto la inversión histórica del Estado en la construcción de estas obras como el derecho de los gobiernos provinciales sobre los recursos hídricos. Este diálogo resulta esencial para alcanzar una solución que equilibre el interés nacional con las demandas provinciales de autonomía y gestión directa.
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A medida que se aproxima el plazo de 180 días para la privatización, la urgencia crece y las provincias se posicionan como actores claves en la política energética del país. La resolución de este conflicto marcará un precedente significativo en la relación entre las políticas centrales y las autonomías provinciales, con implicancias directas sobre el futuro de los recursos energéticos en Argentina y las finanzas de Río Negro y Neuquén.
Fuente: Noticias Argentinas.
Foto: Neuquén al Instante.