San Juan: investigan una red de falsificación de DNIs 

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Actualizado: 09:50 21/10 | downtack.com

Una funcionaria del Registro Civil de Pocito fue imputada junto a otras ocho personas por integrar una organización que emitía documentos apócrifos para cometer estafas millonarias. El perjuicio supera los 156 millones de pesos.

La Justicia de San Juan avanza en una investigación penal contra nueve personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a la falsificación de documentos de identidad. Entre los imputados se encuentra una funcionaria pública que dirigía el Registro Civil de Pocito, señalada como pieza clave en el esquema delictivo.

Según la acusación, el grupo operaba incorporando datos biométricos falsos en trámites oficiales, lo que permitía emitir DNIs auténticos en su forma, pero con identidades ficticias. Con esos documentos, se solicitaban créditos y se adquirían bienes que luego eran vendidos en el mercado informal.

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El caso se inició tras la denuncia de una persona de Buenos Aires que detectó el uso de un DNI con su nombre, pero con imagen y huellas que no le pertenecían. La investigación derivó en allanamientos, secuestro de pruebas y detenciones, incluyendo la prisión preventiva de la funcionaria implicada.

Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público Fiscal atribuyó 22 nuevos hechos a la principal imputada y solicitó medidas de coerción para otros involucrados. Algunos quedaron detenidos, mientras que otros fueron liberados bajo caución y con restricciones migratorias.

La fiscalía sostiene que la organización operó al menos desde agosto de 2024, reclutando personas para prestar sus datos biométricos a cambio de dinero. El perjuicio económico estimado asciende a más de 156 millones de pesos, y se detectaron al menos 22 casos adicionales en etapa de tentativa o consumación.

Además de los delitos de falsedad documental y estafa, se imputaron infracciones a la Ley 17.671 sobre identificación nacional. El fiscal Fernando Alcaraz destacó la gravedad institucional del caso, que no solo afectó a particulares y entidades financieras, sino también a derechos fundamentales como la identidad y el sufragio.

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