El Tribunal Oral Federal condenó a tres imputados por tráfico de cocaína desde Bolivia y por operar con complicidad de autoridades penitenciarias.
El Tribunal Oral Federal de San Luis condenó a penas de hasta 15 años de prisión a los responsables de una organización narcocriminal que traficaba cocaína desde Bolivia y cuyo jefe dirigía las maniobras desde la Unidad Penitenciaria N°1 provincial, con la connivencia de autoridades del penal.
Con la integración de las juezas María Carolina Pereira, María Paula Marisi y Gretel Diamante, el TOF impuso a Rafael Dante Churquina 15 años de prisión y una multa de 50 millones de pesos; a Daniel Hedel Becher, 13 años de prisión y una multa de 48 millones; y a Efraín David Cortez, 4 años de prisión. Los hechos fueron acreditados conforme la acusación del fiscal federal subrogante Cristian Rachid y del fiscal coadyuvante de PROCUNAR, Martín Uriona.
Según la sentencia, Churquina organizaba y financiaba el tráfico de estupefacientes desde la cárcel, blanqueaba los bienes obtenidos y pagaba sobornos al director y subdirector del penal para poder operar. Fue condenado como autor del delito de organización y coautor del financiamiento del tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte agravado, coautor de cohecho activo y autor de lavado de activos, todos en concurso real.
En el caso de Becher, el tribunal tuvo por probado el financiamiento del narcotráfico, el lavado de activos y el pago de dádivas a funcionarios penitenciarios, por lo que recibió condena por los mismos delitos, salvo el de organización del tráfico. Cortez, en tanto, fue condenado como partícipe secundario del transporte de drogas desde Jujuy hacia San Luis, agravado por la intervención organizada de tres o más personas.
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A pedido del Ministerio Público Fiscal, se ordenó el decomiso de dos inmuebles, dos fondos de comercio, 15 automóviles, motos, bicicletas, electrodomésticos, dinero y dispositivos electrónicos. Además, en el caso de Churquina, se dispuso dar intervención al Servicio Penitenciario Federal para evaluar su incorporación al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR).
Durante el debate resultaron claves las declaraciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la reproducción de audios entre los acusados y el aporte de un imputado colaborador que permitió reconstruir la dinámica interna de la organización. Al alegar, los fiscales remarcaron: “El caso bajo estudio del tribunal no es uno más de narcotráfico, sino que se trata de uno que reviste gravedad particular, pues no solo se ha llegado a descubrir a los organizadores y financistas del delito, sino que esas conductas eran desplegadas por su cabecilla desde el establecimiento carcelario en el que estaba detenido por otro delito grave”.
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En ese sentido, Rachid y Uriona agregaron que para que ello ocurra “necesariamente se requiere de una estructura administrativa corrupta y esto también se evidenció con la cooptación del director y subdirector de la unidad penitenciaria en la que estaba alojado, ambos ya condenados en esta causa”.
La investigación determinó que la cocaína provenía de Villazón, Bolivia, y que se enviaron 12.500 dólares a Jujuy para adquirir poco más de cinco kilos de droga. La causa se inició el 31 de agosto de 2023 tras una detención en Jujuy con 5,263 kilos de cocaína con destino a Villa Mercedes y derivó en allanamientos, secuestros y detenciones, incluida la celda de Churquina, donde se hallaron teléfonos, una notebook, documentación, una balanza de precisión y material estupefaciente. Los fundamentos de la sentencia se conocerán dentro de los próximos 20 días hábiles.
