El Gobierno de Pedro Sánchez volvió a aprobar este martes dos decretos ley con medidas destinadas a contener la crisis habitacional en España, después de que el Congreso rechazara la semana pasada los textos. Tras la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre, las iniciativas deberán ser convalidadas por la Diputación Permanente.
El paquete contempla 21 medidas y fue aprobado con algunas modificaciones respecto de los decretos rechazados. Entre las principales disposiciones figura una línea de financiación de 10.000 millones de euros en préstamos de hasta 50.000 euros a interés cero para la compra de la primera vivienda, además de 280 millones de euros en avales para impulsar la construcción industrializada y 400 millones para proveedores de vivienda social.
Las nuevas normas también establecen mecanismos de protección frente a los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030. Los contratos de alquiler vigentes que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 podrán acceder a una prórroga extraordinaria de hasta dos años, mientras que los alquileres de temporada y por habitaciones quedarán sujetos a nuevas condiciones para evitar que sean utilizados para eludir la regulación.
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El Ejecutivo incorporó además cambios sobre la compra especulativa de viviendas por parte de grandes fondos. Según EFE, el nuevo texto amplía hasta 2030 el límite para determinadas operaciones y contempla medidas específicas para fondos que adquieren inmuebles a precios reducidos, grandes propietarios y sus filiales. También se mantiene la regulación de los pisos turísticos y distintas ventajas fiscales para propietarios e inquilinos.
Sánchez defendió la continuidad de la acción del Gobierno hasta las elecciones generales del 29 de noviembre y cuestionó el rechazo parlamentario de la semana pasada. El presidente sostuvo que el Ejecutivo seguirá aprobando medidas durante el período electoral y afirmó que la vivienda constituye uno de los principales problemas que afectan a la ciudadanía.
Los decretos tendrán ahora que superar el trámite de la Diputación Permanente, que asume determinadas funciones del Congreso durante la disolución de las Cortes. Según EFE, el reparto de ese órgano permitiría al Gobierno obtener la mayoría necesaria para convalidar el decreto que reúne la mayor parte de las medidas, aunque el segundo texto enfrenta mayores dificultades por la posición del PNV.
Fuente: Telesur.
