Entre los destinatarios están incluidos los peronistas Fernández de Kirchner, Daniel Scioli, Miguel Pichetto, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Roberto Lavagna, todos ellos con intenciones de competir por la Presidencia de la Nación.
También están los gobernadores de todas las provincias, las iglesias Católica y Evangélica, el Centro Islámico, la DAIA (representación política de la comunidad judía), la CGT y los empresarios del Foro Convergencia, el Grupo de los 6, la Mesa de Enlace, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la CAME y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).
La mayoría de los dirigentes recibió con beneplácito la iniciativa de Macri.
Lavagna, que este lunes expuso en un ciclo de charlas organizado por el diario Clarín en el museo MALBA, dijo que «dialogar siempre es importante. La sociedad argentina no se caracteriza por su capacidad de diálogo, así que cuando hay oportunidad de diálogo hay que aprovecharla».
Igual manifestó que los diez puntos que propone el Gobierno nacional son distintos a los suyos, que presentó este fin de semana y que «están centrados en la producción y el trabajo».
Lavagna también confirmó que Macri lo llamó el viernes pasado e intercambiaron «opiniones no muy distintas de las que habíamos tenido dos meses y medio antes, cuando le recordé que había una distancia grande en términos de entendimiento, porque de un lado hay un enfoque casi exclusivamente de ajuste financiero, y del otro, el nuestro, es de cómo se movilizan los recursos naturales, humanos y de capital que tiene Argentina».
La ex presidenta Cristina Fernández no se pronunció, pero uno de los referentes del kirchnerismo, el jefe de los diputados del FpV, Agustín Rossi, dijo que si el gobierno convoca a la ex mandataria para rubricar el acuerdo «así como está, seguro no la va a firmar», pues, dijo, «es la hoja ruta de trabajo del FMI, para los mercados y no pensando en el pueblo argentino».
Rossi agregó que «el supuesto temor a Cristina Fernández de parte de los mercados es un invento del gobierno».
En tanto, Scioli reveló que «anoche (domingo) me llamó el presidente Macri. Siento que ante esta delicada situación tiene que prevalecer la responsabilidad, sin mezquindades, sin especulaciones electorales (…). Hay que hacer todos los esfuerzos posibles para llevar tranquilidad y previsibilidad».
El gobernador Urtubey manifestó su respaldo al llamado y, aunque sostuvo que «debió haber sido más temprano», destacó la importancia de debatir entre todos los sectores porque «Argentina necesita volver a mostrar confianza» ya que «dialogar significa tener madurez política».
En tanto, el senador Pichetto apuntó que el diálogo entre las distintas fuerzas políticas «es un camino que hay que profundizar y en el que hay que avanzar». Pero a la vez advirtió que «si se le incorpora un componente electoral de ventaja política» el acuerdo «se va a distorsionar y va a fracasar».
Massa había dicho el fin de semana sobre el acuerdo que «la Argentina necesita políticas de Estado, no marketing electoral», y antes había reclamado la convocatoria «a todos los líderes, incluida Cristina Fernández», lo cual hizo este lunes el gobierno.
Desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), el candidato presidencial Nicolás Del Caño rechazó la convocatoria «a espaldas del pueblo» y planteó discutir la salida de la crisis mediante «una asamblea Constituyente libre y soberana».
La dirigente del GEN Margarita Stolbizer calificó de «poco serios y limitados» los 10 puntos impulsados del PEN y adelantó que si la llaman desde el Poder Ejecutivo se «sentaría a dialogar, pero no sobre esa agenda» que, desde su mirada, «ignora la realidad del país».
La carta firmada por Macri fue terminada de elaborar este lunes por la mañana por el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, señalaron fuentes gubernamentales a Télam.
La misiva propone discutir medidas de consenso sobre el equilibrio fiscal, la independencia del Banco Central, la integración de la Argentina con el mundo, la seguridad jurídica y la creación de empleo formal a través de una «legislación laboral moderna».
Ofrece además terminar con los impuestos «distorsivos»; consolidar un sistema previsional «sostenible y equitativo»; terminar con la distribución «discrecional» en el reparto de los recursos que reciben las provincias; un Indec «profesional, confiable e independiente» y bregar por el «cumplimiento de las obligaciones a nuestros acreedores».
