El Gobierno nacional avanzará este martes con un paso clave en el proceso de privatización de Transener, al abrir los sobres de la licitación para desprenderse de la participación estatal en la principal empresa de transporte de energía eléctrica del país.
La operación se enmarca en la estrategia oficial de reducir el rol del Estado en sectores considerados no prioritarios, a través de la venta de activos que actualmente controla Energía Argentina (Enarsa). En este caso, la participación se canaliza mediante Citelec, la sociedad que tiene el control accionario de Transener.
El proceso licitatorio prevé la apertura de ofertas económicas en una instancia decisiva para definir los grupos interesados en quedarse con el paquete accionario. En las últimas semanas, el cronograma fue ajustado para permitir una mayor participación de oferentes, en un contexto de fuerte interés por parte de actores del sector energético y fondos de inversión.
MIRÁ TAMBIÉN: Declaran las dos mujeres que «financiaron» a Manuel Adorni
Transener es considerada una pieza estratégica dentro del sistema eléctrico argentino. Opera más del 85% de las líneas de alta tensión y transporta alrededor del 65% de la energía que se consume en el país, lo que la convierte en un activo clave para el funcionamiento del sistema interconectado nacional.
El interés por la compañía responde, en gran parte, a su posición dominante en el mercado y a las expectativas de cambios regulatorios que podrían mejorar su rentabilidad. Empresas del sector eléctrico, grupos económicos locales e inversores internacionales analizan su participación en una operación que podría redefinir el mapa energético nacional.
La privatización también se vincula con el objetivo del Gobierno de atraer inversiones para ampliar y modernizar la infraestructura eléctrica, en un contexto donde el crecimiento de la demanda exige nuevas obras de transporte y mantenimiento de redes.
MIRÁ TAMBIÉN: El Senado comienza a tratar pliegos judiciales
En paralelo, el proceso genera debate en distintos sectores políticos y sindicales, que advierten sobre los riesgos de transferir al sector privado un activo estratégico. Entre las principales preocupaciones figuran el impacto en las tarifas, el control del servicio y la seguridad energética.
Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que la iniciativa apunta a mejorar la eficiencia del sistema, reducir el gasto público y fomentar la competencia. En ese sentido, remarcan que el Estado mantendrá su rol regulador a través de los organismos correspondientes.
La apertura de sobres marcará así el inicio de una etapa clave en la definición del futuro de Transener, en una licitación que podría convertirse en una de las más relevantes del sector energético en los últimos años.
