Dos años después de la declaración de guerra a las pandillas en El Salvador, la estrategia del presidente Nayib Bukele genera debate sobre su eficacia y los costos humanos y sociales asociados.
Hace dos años, el presidente Nayib Bukele declaró una «guerra» a las pandillas en El Salvador, tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana. Ahora, proclama que su país es el «más seguro» del continente gracias a la ofensiva iniciada el 27 de marzo de 2022. Sin embargo, sus críticos afirman que el precio ha sido alto.
El despliegue de militares y policías permitió desbaratar las estructuras de las “maras” o pandillas, que se financiaban con el cobro de “rentas” (extorsiones), sicariato y venta de drogas al menudeo. Quienes se negaban a pagar eran asesinados o les mataban a un familiar.
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Más de 78.000 presuntos pandilleros han sido detenidos, según un informe oficial presentado el martes, y las pandillas han sido incapaces de reclutar nuevos miembros. Además, les confiscaron casi 4.000 armas, algunas de uso militar. Reformas legales endurecieron las penas.
El presidente, reelegido en febrero para otro mandato de cinco años, promete continuar la guerra «hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas». La cruzada de Bukele acabó con el dominio que las pandillas ejercían sobre el 80% del territorio nacional, según el gobierno.
El país redujo su tasa de homicidios de 106 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 2,4 en 2023, por debajo del promedio mundial (ocho, según la ONU).
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Desapareció el temor a caminar de noche, los niños han vuelto a jugar en los parques y cualquier persona puede abordar tranquilamente un autobús o visitar otro barrio sin temor a perder la vida.
La economía sigue siendo asignatura pendiente de Bukele, pues 30% de salvadoreños vive en la pobreza y 10% en la pobreza extrema, según la CEPAL. Se estima que 70% de los trabajadores son informales, mientras miles de familias dependen de remesas del exterior.
Organizaciones de derechos humanos critican los métodos de Bukele. Amnistía Internacional y el Movimiento de Víctimas del Régimen denuncian «detenciones arbitrarias», presuntos «atropellos», «torturas» y «muertes» en prisión.
Fuente: Infobae
