A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1083/2024, el gobierno de Javier Milei revoca la Ley 26.160 y abre un nuevo capítulo en la política territorial, permitiendo desalojos en tierras ocupadas por comunidades indígenas.
MIRÁ TAMBIÉN | El nuevo titular de ARCA reduce su salario en un 80%
En la madrugada del martes 10 de diciembre, el Gobierno de Javier Milei formalizó un cambio significativo en la política territorial del país, al oficializar la derogación del Decreto 805/2021 y poner fin a la emergencia en la posesión y propiedad de tierras ocupadas por comunidades indígenas. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1083/2024, publicado en el Boletín Oficial y con vigencia a partir del 11 de diciembre, el Gobierno estableció el fin de una medida que se había prorrogado en varias ocasiones desde su sanción en 2006.
El decreto subraya que las sucesivas prórrogas de la emergencia territorial, creada por la Ley 26.160, habían generado una creciente inseguridad jurídica y conflictos territoriales, afectando derechos constitucionales clave, como el derecho de propiedad privada y el control de los recursos naturales por parte de las provincias. El Gobierno argumenta que la suspensión de desalojos «afectaba gravemente el derecho de propiedad de los legítimos dueños» y que la ley había propiciado abusos, incluyendo inscripciones irregulares de comunidades indígenas.
Con la derogación de la ley, el Ejecutivo también revoca la suspensión de desalojos que había estado vigente bajo la misma normativa. Esto permite a los propietarios afectados por ocupaciones retomar acciones legales para recuperar sus tierras. De acuerdo con las cifras mencionadas en el DNU, actualmente existen 1626 comunidades indígenas reconocidas, muchas de las cuales, según el Gobierno, no cumplen con los requisitos legales para tal reconocimiento.
MIRÁ TAMBIÉN | El Gobierno reduce a 18 años la edad mínima para portar armas
El Gobierno destacó que esta medida busca también solucionar problemas económicos, ya que la emergencia territorial había frenado inversiones y proyectos de infraestructura, además de limitar el uso productivo de las tierras. En este sentido, el DNU hace énfasis en la necesidad de recuperar la confianza en la propiedad privada para impulsar el desarrollo económico y atraer inversiones.
Aunque el Gobierno considera que esta medida contribuirá a resolver los conflictos territoriales, el impacto de la decisión dependerá de su implementación y de la resolución de las disputas judiciales. Con al menos 254 conflictos territoriales registrados en el país, el desafío será encontrar un equilibrio entre los derechos de los propietarios y el respeto a las comunidades indígenas que cumplan con los requisitos establecidos por la ley.
Fuente: La Nación
Foto: Archivo
 1083/2024, el gobierno de Javier Milei revoca la Ley 26.160 y abre un nuevo capítulo en la política territorial.){kind=link}