La primera parte del debate se desarrolló en Rawson dos semanas atrás, en el Casino de Oficiales de la Unidad Nº 6. Luego de una semana de actividades, el debate pasó a un receso y se trasladó al Tribunal Oral Federal de Comodoro donde se retomó este jueves.
Allí se prevé que terminar de incorporar la prueba testimonial con la declaración por videoconferencia la vecina que recibió a Pablo Bel luego que el bebé haya sido dejado en la casa de Jungblunt en el ’76, además de otras tres personas.
Quien primero declaró fue el cabo la marina Carlos Alegre quien en 2006 denunció el espionaje ilegal en la base A. Zar de Trelew.
En su testimonial, Alegre ratificó la declaración que consta en la investigación y en la que señala que existía documentación que demuestra el seguimiento que le realizaban a Bel.
Alegre contó que el juez Esteban Serra le pidió a la Base Zar información sobre Bel y allí se enteró que existía documentación que acreditaba la detención del docente.
“Dentro de todas esas comunicaciones, en una de las que me acuerdo, me preguntan sobre Bel. La contestación la realiza en ese momento el jefe de la Base y efectivamente había documentación e informes” sobre el docente, declaró este jueves Alegre.
“Adjunta a esa comunicación, el mismo juzgado habida preguntado si habían detenido a Bel y la Base contesta que no pero le avisa que si bien no lo habían detenido le adjuntaban la ficha personal que tenía la Base, en este caso, de inteligencia sobre Bel”, reveló.
Explicó que era un “registro pormenorizado que tenían sobre” sobre el docente desaparecido.
En la documentación, según precisa Alegre, “no había ningún registro en general que indicara que Bel había sido trasladad en algún punto y se le había dado muerte –pero- sí figuraba que había sido detenido”, respondió ante la consulta de los jueces este jueves.
El proceso continuará con los alegatos del Ministerio Público Fiscal, la defensa, habrá réplicas y los dos imputados podrán decir sus últimas palabras antes del veredicto.
Precisamente, los acusados son Tito Nichols y Hernán Álvaro Hermelo a quienes se les imputa los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida con amenazas y haber durado más de un mes, además de haber sido cometida como funcionarios públicos.
