La Fiscalía Federal de Río Grande, a cargo de Marcelo Rapoport, solicitó la detención y declaración indagatoria de diez militares por la aplicación de torturas a conscriptos durante la Guerra de las Malvinas. Este nuevo requerimiento forma parte de una causa que investiga delitos calificados como crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades castrenses en las Islas Malvinas.
Los acusados ocupaban cargos jerárquicos en la Brigada de Infantería III y en el Regimiento de Infantería 4, y se les imputan torturas contra tres soldados conscriptos. Rapoport destacó que estas prácticas no fueron hechos aislados, sino que constituyeron una forma de control sobre los problemas generados por la falta de alimentos y abrigo entre las tropas.
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La fiscalía ha detallado los métodos de tortura, como los “estaqueamientos” y “enterramientos”, utilizados para someter a los soldados. Estas violaciones de derechos humanos habrían sido parte de un sistema de control que causó muertes entre los conscriptos.
La causa se inició en 2006, tras la denuncia de un exsoldado, pero ha enfrentado demoras significativas. A raíz de un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que determinó que algunos delitos no eran considerados de lesa humanidad, el desarrollo de la investigación se ha visto ralentizado. El Juzgado Federal de Río Grande optó por esperar un pronunciamiento de la Corte Suprema antes de continuar.
Las torturas se habrían registrado en Monte Kent y Monte de las Dos Hermanas, con testimonios de soldados que describen condiciones inhumanas y un pacto de silencio impuesto al regresar al continente.


