Stornelli sostuvo que con la prueba recogida en la investigación hay elementos suficientes como para que la parte principal de la investigación, basada en los cuadernos del arrepentido chofer del ministerio de Planificación Oscar Centeno, sea tratada en debate oral y público.
«Tengo por cierto y demostrado» que la ex mandataria, De Vido y otros ex funcionaros, además de algunos empresarios, «integraron una asociación ilícita, que desarrolló sus actividades al menos desde el mes de mayo del año 2003 y hasta el mes de noviembre del año 2015», sostuvo Stornelli en el escrito al que accedió Télam.
Según el fiscal, la finalidad de esa supuesta asociación ilícita «fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos».
El fiscal reclamó que sean elevados a juicio los ex funcionarios Roberto Baratta, Nélson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti, José López, Claudio Uberti, Oscar Thomas y el propio Centeno.
La asociación ilícita también habría estado integrada, según el fiscal, por el financista Ernesto Clarens, el ex titular de la Cámara de Construcción Carlos Wagner y los empresarios Gerardo Ferreyra y Germán Nivello.
El fiscal también solicitó elevar a juicio oral por cohecho pasivo (recibir coimas) al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, su secretario Martín Larraburu, los ex funcionarios Hernán Gómez, Fabián Ramón y Walter Fagyas, y al remisero Hernán del Rio.
Stornelli también sostuvo que ya fueron recolectados los elementos suficientes para pedir la elevación a juicio oral de los ex secretarios de la ex presidenta Fabián Gutiérrez y Daniel Álvarez, por el encubrimiento de los delitos descriptos en los cuadernos de Centeno.
La fiscalía también solicitó elevar a juicio a los empresarios acusados de pagar las supuestas coimas recolectadas a ex funcionarios del gobierno kirchnerista, entre los que se encuentran Héctor Sánchez Caballero, Juan Lascurain, Ángel Calcaterra, Enrique Pescarmona y Aldo Roggio.
Tras recibir el requerimiento de elevación a juicio parte de la fiscalía, el juez Bonadio deberá correr vista a las partes para que opinen si la causa está en condiciones de pasar a la instancia de debate oral y público.
