La Fiscalía presentó cargos contra 98 manifestantes por su presunta participación en los disturbios posteriores a los comicios del 29 de octubre, que fueron denunciados por la oposición y observadores internacionales.
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La Fiscalía de Tanzania presentó este viernes cargos por traición contra 98 personas acusadas de participar en las protestas que estallaron tras las elecciones presidenciales del pasado 29 de octubre, comicios que dieron la victoria a la actual mandataria Samia Suhulu Hasan y que fueron cuestionados por la Unión Africana por presuntas irregularidades. La represión policial durante las manifestaciones dejó al menos un centenar de muertos, según Amnistía Internacional.
Entre los principales acusados figura la empresaria Jennifer “Niffer” Jovin, de 26 años, quien compareció ante el Tribunal de Primera Instancia de Kisutu, en Dar es Salaam. Jovin enfrenta cargos por incitación a la violencia durante la jornada electoral. Su detención, ocurrida dos días después de los comicios, fue confirmada por la Policía Nacional, aunque no se ha aclarado si permaneció detenida desde entonces.
El documento de acusación sostiene que los imputados habrían intentado “obstruir las elecciones generales de 2025 con el propósito de intimidar al Ejecutivo”, causando además daños a bienes públicos. El delito de traición está tipificado en el Código Penal tanzano y contempla la pena de muerte, por lo que los acusados podrían enfrentar la horca en caso de ser hallados culpables. La Fiscalía no ha especificado la fecha del inicio del juicio.
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Diversas organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, denunciaron que las autoridades tanzanas cometieron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. No obstante, el gobierno rechazó las acusaciones y reafirmó su “compromiso con el Estado de derecho”.
En medio del aumento de la tensión política, el Departamento de Estado de Estados Unidos elevó su alerta de viaje a Nivel 3 para Tanzania, recomendando a sus ciudadanos reconsiderar sus desplazamientos por los riesgos de disturbios civiles, criminalidad violenta, terrorismo y persecución contra personas LGTBIQ+. La decisión se produce tras los recientes informes de violencia y un apagón general de internet impuesto por el gobierno durante el proceso electoral.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
