El régimen fiscal especial de Tierra del Fuego vuelve a estar en el centro de la escena luego de que el Gobierno anunciara la eliminación gradual de los aranceles a la importación de celulares. La medida reavivó el debate sobre los millonarios beneficios que reciben las empresas electrónicas en la isla y su escaso impacto en términos de empleo y valor agregado.
El régimen fiscal especial de Tierra del Fuego vuelve a estar en el centro de la escena luego de que el Gobierno anunciara la eliminación gradual de los aranceles a la importación de celulares. La medida reavivó el debate sobre los millonarios beneficios que reciben las empresas electrónicas en la isla y su escaso impacto en términos de empleo y valor agregado.
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De acuerdo con un estudio de la Fundación Fundar, el subrégimen industrial fueguino cuesta al Estado USD 1.070 millones anuales. El investigador del Conicet Juan Carlos Hallak explicó que el modelo favorece la importación de kits para ensamblar y no promueve una producción genuina ni sustentable en el largo plazo. “Es un régimen mal diseñado que cada vez cuesta más sostener”, aseguró.
Los principales beneficios para las empresas incluyen exención del IVA (USD 630 millones), no pago de aranceles de importación (USD 436 millones) y alícuotas reducidas en Impuestos Internos (USD 20 millones). Además, las firmas están exentas del Impuesto a las Ganancias y al cheque, lo que aumenta aún más el incentivo fiscal, aunque estos últimos no están incluidos en el cálculo general.
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El régimen fue creado hace más de 50 años para promover el poblamiento de la región, pero con el paso del tiempo se convirtió en un modelo de ensamblaje con altos costos fiscales y bajo rendimiento social. El debate actual se centra en si debe mantenerse o redirigirse esa inversión estatal hacia sectores más eficientes y sustentables en todo el país.
Fuente: Noticias Argentinas.