Tierra del Fuego se presentó en la causa judicial contra las empresas Rockhopper y Navitas para reclamar que se frene el proyecto petrolero Sea Lion, denominado León Marino, previsto en la zona de la Cuenca Malvinas Norte. La provincia se sumó así al planteo impulsado por el Gobierno nacional contra el emprendimiento.
El gobernador Gustavo Melella sostuvo que el proyecto no debe avanzar sin una evaluación ambiental realizada por las autoridades argentinas competentes. En la presentación, la provincia planteó posibles riesgos sobre el ambiente, los recursos naturales y las consecuencias que podría generar la actividad hidrocarburífera.
La posición fue presentada además en el marco de la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. Tierra del Fuego argumentó que el desarrollo unilateral del proyecto entra en conflicto con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que llama a Argentina y al Reino Unido a continuar las negociaciones y evitar decisiones unilaterales mientras persista la controversia.
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El proyecto está previsto aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y es impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. La Justicia Federal de Río Grande ya había dispuesto una medida cautelar para que ambas empresas se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto mientras avanza la causa por posibles daños ambientales y soberanos.
En su presentación, la administración fueguina también advirtió que los riesgos planteados no se limitarían a la cuestión de soberanía, sino que podrían involucrar daños ambientales, responsabilidades frente a terceros países, contingencias financieras y recursos naturales compartidos o conectados.
La incorporación de Tierra del Fuego se produjo después de que el Gobierno nacional avanzara judicial y administrativamente contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. En septiembre, la Casa Rosada había anunciado una denuncia contra varias compañías y procedimientos sancionatorios relacionados con actividades hidrocarburíferas en esa zona.
