La provincia de Tierra del Fuego suspendió a partir de este jueves y hasta fin de año las ejecuciones hipotecarias derivadas del incumplimiento del pago de créditos UVA en el distrito, para que los tomadores de los préstamos y los bancos puedan entablar negociaciones y llegar a acuerdos económicos de pago.
La medida entró en vigencia a partir de la decisión del gobernador fueguino Gustavo Melella de promulgar la ley provincial 1.494, sancionada por la Legislatura el 12 de julio.
La norma establece que quedarán suspendidas en la provincia «las ejecuciones hipotecarias sobre mutuos otorgados con cláusula de ajuste por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), que tengan por objeto la vivienda única familiar y de ocupación permanente».
Según datos oficiales, en Tierra del Fuego existen «unas 250 personas» que «entre 2016 y 2017», durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, tomaron créditos hipotecarios ajustados por UVA para la construcción o compra de vivienda única.
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Cada UVA equivale a la «milésima parte del costo promedio de construcción de un metro cuadrado de vivienda», y su valor se actualiza diariamente en función de la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), basado en el índice de precios al consumidor.
Por este motivo, y a partir del índice de inflación, el incremento del capital adeudado y de las cuotas tornó casi impagables los préstamos, dando lugar a incumplimientos y al inicio de procesos judiciales a los deudores.
En Tierra del Fuego, dos fallos judiciales conocidos en marzo y mayo de este año hicieron lugar al reclamo de los tomadores de préstamos UVA, y de forma cautelar limitaron el valor de las cuotas al 35% de los ingresos totales del deudor.
El primer pronunciamiento fue dictado por la sala Civil de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Río Grande y favoreció a Javier Vázquez, un empleado municipal que solicitó un préstamo de $3 millones para la compra de su vivienda y luego de pagarlo durante cuatro años adeudaba $19 millones, mientras que en su caso el valor de la cuota había pasado de afectar el 13% de sus ingresos, a representar el 52%.
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En aquel caso el fallo hizo hincapié en el déficit habitacional y en los tratados de jerarquía constitucional que obligan al Estado a adoptar medidas positivas en defensa de la vivienda familiar.
La segunda sentencia fue dictada por el juez Civil de Ushuaia Sebastián Osado Viruel, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por Melisa Solís, una mujer de la capital fueguina que en 2018 tomó un crédito de $2 millones con una cuota mensual de $16 mil, y al momento del fallo pagaba $162 mil de cuota y debía $17 millones al banco.
Solís demostró en el expediente que el valor de la cuota del crédito UVA le aumentaba «entre $8 mil y $10 mil mensuales», lo que le consumía entre «el 40 y el 50% de sus ingresos», cuando al comienzo del préstamo le insumía el 20%.
«Sabíamos que la cuota iba a subir pero no a estos niveles. La pandemia empeoró y agravó la situación. También crece la deuda. A este paso voy a deber $18 millones el mes próximo y no quiero ni hacer la cuenta dentro de diez años», explicó por entonces la damnificada a medios locales.
«Hay un grupo de fueguinos que decidió organizarse y ha promovido demandas grupales o personales ante la Justicia para enfrentar la indexación de este tipo de préstamos. Ellos estaban esperando una medida de protección de este tipo mientras se sustancia el juicio», justificó también el abogado Cristian Rubio, representante legal de Vázquez y de otras personas en su misma situación, en diálogo con Télam.
Fuente: Télam.
