El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, anunció que avanzará en la intervención judicial de la Cooperativa 16 de Octubre en Esquel, tras detectar diversas irregularidades en su administración. En este sentido, dejó claro que este no es solo un tema local, sino que afecta a todos los chubutenses. «Nos corresponde meternos en este tema. A mí no me eligieron para ser un burócrata y escaparle a los problemas, debemos afrontarlos y buscar soluciones», afirmó, refiriéndose a las preocupaciones de los vecinos y a la administración de la Cooperativa.
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Torres explicó que, si bien la intervención será decidida por la justicia, el gobierno provincial presentará un pedido formal de intervención el próximo lunes. «La intervención no la va a poner el gobierno provincial, sino la justicia. Va a haber una persona que transparentará cómo se utilizaron los recursos producto del esfuerzo de los contribuyentes», señaló. Además, destacó que, al igual que en el caso de la Cooperativa de Trelew, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) apoyó el proceso, lo cual marca un precedente importante.
En cuanto a la situación de otras cooperativas de la provincia, Torres reconoció que no todas funcionan de la misma manera. «Hay cooperativas que funcionan bien, como la de Gaiman, que es superavitaria e incorpora tecnología. El problema no es el sistema cooperativo, sino cuando las cosas se hacen mal», afirmó. En el caso de la Cooperativa de Esquel, ya se realizó una auditoría cuyos resultados serán comparados con los informes del INAES y presentados ante la justicia federal.
El gobernador también mencionó la necesidad de auditar cooperativas en otras localidades como Comodoro Rivadavia, donde ya se está llevando a cabo una auditoría. Además, subrayó que el objetivo de estas intervenciones es garantizar una administración transparente de los servicios públicos. «Pagamos tres o cuatro veces más por servicios de lo que se paga en otras regiones del país, y el servicio es un desastre. Las cooperativas tienen que responder a los vecinos», enfatizó.
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Por último, Torres denunció que muchas cooperativas fueron utilizadas como «trincheras políticas» por candidatos que pierden elecciones y buscan financiamiento para mantenerse activos políticamente. «Ese tipo de prácticas son delitos, y hay que ordenarlas para que las cosas se hagan bien, independientemente de la razón social de la entidad», concluyó el gobernador.
