Una huelga del transporte público paralizó este miércoles ciudades clave de Bolivia, como La Paz y El Alto, además de rutas interdepartamentales, en protesta por la mala calidad de la gasolina y el incumplimiento de pagos a transportistas cuyos vehículos resultaron dañados. La medida afecta tanto a autos particulares como a unidades de transporte público.
Los dirigentes del sector señalan que el Gobierno incumplió acuerdos recientes y exigen mejoras inmediatas en el combustible, así como indemnizaciones por los daños ocasionados. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es responsabilizada por la importación y distribución de la gasolina defectuosa.
El presidente de YPFB, Yussef Akly, indicó que los pagos de compensación comenzaron el pasado viernes a través de seguros, pero los transportistas sostienen que aún no han recibido dinero y denuncian que la calidad del combustible sigue siendo deficiente. Limbert Tancara, secretario ejecutivo de la Federación Departamental del Transporte Libre de La Paz, advirtió que combustibles de menor calidad se estarían vendiendo como categorías superiores.
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Reportes indican irregularidades en cargamentos provenientes de Chile, donde parte del combustible habría llegado adulterado pese a que los sellos de seguridad no muestran alteraciones. Transportistas como Víctor Hugo Poma y Juan José Poma detallaron la presencia de residuos oscuros y un comportamiento anómalo del combustible, generando dudas sobre su composición y aumentando el daño mecánico a los vehículos.
Según datos de YPFB, más de 10.000 vehículos en todo el país han resultado afectados, de los cuales 4.500 corresponderían al departamento de La Paz. Frente a la falta de respuestas, los sindicatos exigen una reunión directa con el presidente Rodrigo Paz y han declarado el paro como indefinido, con la posibilidad de ampliarlo a otros cinco departamentos.
El conflicto también toma un tinte político: el partido Libre pidió la renuncia del ministro de Hidrocarburos y del presidente de YPFB, mientras que Samuel Doria Medina instó al Gobierno a presentar pruebas sobre la supuesta adulteración denunciada. La crisis se da en un contexto de aumento en los precios de importación, que ahora se realizan a crédito y no al contado.
Fuente: Telesur.
