La investigación por pagos presuntamente irregulares de droguerías a exfuncionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad entra en una etapa clave, con apelaciones de 19 imputados ante la Cámara Federal porteña.
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El caso que involucra a exfuncionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), incluido su ex titular Diego Spagnuolo, avanzó esta semana hacia una instancia decisiva. Las 19 apelaciones presentadas por los procesados fueron elevadas a la Sala II de la Cámara Federal de Comodoro Py 2002, donde los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah fijaron el 26 de marzo como fecha límite para que las defensas presenten memoriales escritos y, si lo desean, expongan sus argumentos oralmente. Luego comenzará la deliberación, que determinará si se confirman o revocan los procesamientos que dictó el juez federal Sebastián Casanello.
La causa, a cargo de la fiscalía federal de Franco Picardi, investiga presuntas irregularidades en la compra de medicamentos de alto costo y baja incidencia por parte de ANDIS, incluyendo supuestos pagos de retornos por parte de droguerías a funcionarios. Spagnuolo está procesado como presunto jefe de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación agravada y cohecho pasivo, con embargos que superan los 202.000 millones de pesos. La defensa cuestiona la validez de las pruebas, incluyendo grabaciones que consideran editadas, y sostiene que no hay elementos suficientes para sostener los cargos.
Entre los imputados que apelaron se encuentra Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, quien aseguró que los casi USD 700.000 secuestrados en su domicilio pertenecían en gran parte a su padre. La causa también involucra a las droguerías Profarma, Génesis, Floresta y New Farma, con futuras citaciones previstas para sus representantes.
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El expediente se inició tras la difusión de audios que mencionaban supuestos esquemas de pago de retornos en la agencia. La Cámara Federal ya intervino en decisiones vinculadas al decomiso de 80.000 dólares a Spagnuolo y ordenó al juzgado que fundamente el origen y validez legal de las grabaciones cuestionadas por la defensa.
El resultado de esta revisión judicial marcará un hito en la investigación y podría definir el futuro de los procesamientos en una causa que combina cuestionamientos penales, embargos millonarios y la responsabilidad empresarial de varias droguerías en la adquisición de medicamentos para personas con discapacidad.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo


