El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este jueves la realización de un nuevo censo nacional “de alta precisión”, que excluya a los migrantes que se encuentren en el país de manera irregular. La medida reaviva la polémica sobre el uso político del censo y la representación electoral.
La instrucción fue anunciada en Truth Social, donde Trump afirmó que el censo deberá basarse en datos actuales y en los resultados de las elecciones presidenciales de 2024. Afirmó que «las personas que se encuentren en nuestro país ilegalmente NO SERÁN CONTADAS».
Esta decisión llega en un momento crítico: el Congreso estadounidense, actualmente bajo mayoría republicana, discute la redistribución de distritos electorales, en particular en estados como Texas, donde los legisladores buscan ampliar la representación del Partido Republicano.
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Aunque la Constitución establece que el censo debe realizarse cada 10 años —el último fue en 2020 y el próximo está previsto para 2030—, el Congreso puede ordenar relevamientos intermedios, aunque sus datos no son válidos para redibujar distritos.
El anuncio de Trump es interpretado como un intento de modificar el mapa electoral antes de las elecciones legislativas de medio término en 2026, lo que podría beneficiar a los republicanos sumando escaños en la Cámara Baja.
El nuevo censo, de concretarse bajo estas condiciones, podría impactar en la composición del Congreso, el Colegio Electoral y la asignación de recursos públicos, generando preocupación en sectores políticos y defensores de los derechos civiles.
Expertos en derecho constitucional advierten que excluir a personas por su estatus migratorio va en contra del principio histórico del censo, que contabiliza a toda persona residente en el país, sin importar su situación legal.
Fuente: DW.
