La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar acciones judiciales para exigir que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, promulgada pero aún no aplicada. La decisión fue aprobada por resolución unánime del Consejo Superior de la institución.
Según la UBA, el Poder Ejecutivo “promulgó formalmente, pero suspendió materialmente la ejecución de la ley”, una medida que, según la casa de estudios, “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos” y “quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
La universidad solicitará que el Ejecutivo asigne los recursos presupuestarios necesarios y cumpla con las obligaciones constitucionales y legales para garantizar el financiamiento de la educación pública y la recomposición salarial del personal docente y no docente.
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El Gobierno nacional había decidido posponer la aplicación de la ley hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento, lo que generó el rechazo de todo el sistema universitario.
“El sistema universitario, y la UBA en particular, enfrenta una crisis presupuestaria sin precedentes”, advirtió la institución, que recordó que los presupuestos prorrogados de 2023 quedaron desfasados por la inflación, y que durante 2024 los salarios perdieron más del 40% de poder adquisitivo.
La universidad remarcó que la ley fue aprobada e insistida por ambas cámaras del Congreso, y que su objetivo es “garantizar el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales y la recomposición salarial de sus trabajadores”.
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La suspensión consideró la UBA, “vulnera derechos constitucionales al impedir el acceso a los fondos previstos y obstaculizar la actividad académica y científica”.
Asimismo, recordó que la norma prevé la creación de fondos para infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas, por lo que su no ejecución “es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la universidad pública argentina”.
Con esta decisión, la UBA busca sentar un precedente judicial y defender la autonomía universitaria y el financiamiento estatal como pilares esenciales del sistema educativo nacional.
Fuente: TN
foto: Archivo
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