El fiscal de menores de Lomas de Zamora, Hernán Ceruti, presentó una apelación contra la resolución de la jueza Marta Pascual, quien había suspendido la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
Ceruti consideró que la medida genera un “gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad” y sostuvo que un hábeas corpus no puede utilizarse para suspender una ley nacional que fue sancionada, promulgada y se encuentra vigente.
El representante del Ministerio Público también señaló que en el caso no se acreditó ningún acto concreto, ilegal o arbitrario que afecte la libertad personal de los adolescentes alcanzados por la normativa. Además, remarcó el carácter excepcional del hábeas corpus.
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En su presentación, el fiscal cuestionó con dureza la decisión de la magistrada y afirmó que “avasalla la labor propia de otro de los poderes del Estado”, al considerar que afecta la división de poderes y la forma republicana de gobierno.
La jueza Marta Pascual había ordenado que la Ley 27.801 no se aplique durante 60 días, aunque no la derogó ni anuló. La medida fue dictada en el marco de un hábeas corpus preventivo colectivo y busca analizar el impacto de la normativa sobre los adolescentes.
La apelación se suma a las acciones impulsadas por la ONG Usina de Justicia, que también denunció penalmente a la magistrada por presunta usurpación funcional y abuso de autoridad. Además, la jueza convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, donde las autoridades bonaerenses deberán informar sobre la implementación del nuevo régimen.
