El gobierno uruguayo anunció miércoles una serie de medidas que incluye una rebaja de impuestos para los comercios del litoral y un descuento mayor al precio de los combustibles, frente a la diferencia cambiaria de Argentina que repercute en los departamentos que se ubican en el litoral oeste del río Uruguay, según precisaron las autoridades de dicho país.
Entre las medidas se menciona una ampliación de la norma «ley de frontera II2, que prolongó en octubre de 2022, los beneficios a las empresas ubicadas en la zona fronteriza, y que abarca exoneraciones al Impuesto al Valor Agregado (IVA) mínimo mensual y a los aportes patronales jubilatorios, entre otros tributos».
Estos anuncios para el comercio fronterizo impactarán «dentro de un radio máximo de 60 kilómetros del paso de frontera» con actividad «al por menor», y alcanzan potencialmente a aproximadamente 10.000 contribuyentes, sostuvo el comunicado de presidencia que publicó el diario El Observador de Montevideo.
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Por otro lado, la administración de Lacalle Pou indicó que se encomendará a la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) y a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) -servicios estatales de agua y luz eléctrica- la exoneración de cargos fijos a quienes comprende la ley de frontera.
Asimismo, dispuso que se aumente el monto correspondiente a la reducción del Impuesto Específico Interno (IMESI) en las enajenaciones de naftas combustibles de frontera, en este sentido, el precio de los combustibles en la zona pasará a contar con un descuento del 40 %.
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Por último, se incorporará el rubro de farmacias a los descuentos que ofrece el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) y se brindará un subsidio a las empresas que contraten una nueva persona «radicada en los departamentos de Soriano, Río Negro, Paysandú, Salto y Artigas» bajo ciertos requisitos.
En este caso, las personas contratadas deberán tener entre 15 y 29 años o ser mayor de 45 años, «perteneciendo a un hogar que este por debajo de la línea de pobreza», lo que dará a la empresa «un subsidio por un lapso entre 6 y 12 meses del 60 % del salario si la persona es varón, o del 80 % si es mujer».
Fuente: Télam.
