Uruguay se encuentra entre los países con mayor cantidad de presos en relación a su población, y su sistema penitenciario representa un problema “grande y grave”, según señaló el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, tras finalizar sus 10 años en el cargo.
«Más del 40% de los privados de libertad no tiene acceso a tratamientos, asistencia, posibilidades de rehabilitación. Están en una situación que calificamos de trato cruel, inhumano y degradante», advirtió Petit en su última conferencia de prensa.
El comisionado indicó que existe un “estado inconstitucional” en las cárceles uruguayas y advirtió sobre el peso demográfico que representan los presos, sus familiares y los trabajadores del sistema en un país con población en descenso y un elevado porcentaje de mayores de 60 años.
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Petit afirmó que el financiamiento de las cárceles “tiende a volverse imposible” y que la falta de recursos afecta “los derechos humanos, las posibilidades de reinserción, la salud y la seguridad pública”, generando problemas que la sociedad no ha logrado resolver completamente.
A pesar de la crítica situación, el exfuncionario destacó avances en los últimos 20 años, como la incorporación de personal técnico, protocolos sobre derechos humanos, centros educativos y áreas productivas, aunque reconoció que “todo esto no es suficiente”.
«Rompe los ojos el excesivo uso de la prisión como mecanismo para frenar inconductas que tienen que ver con la supervivencia, la salud mental o la exclusión y que requieren una intervención más compleja», explicó Petit, enfatizando la necesidad de medidas alternativas a la prisión.
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El comisionado resaltó que, para mejorar el sistema, es fundamental frenar el aumento de personas privadas de libertad y utilizar sanciones alternativas: «Uruguay tiene dos personas privadas de libertad por cada persona con medida alternativa. Los países más seguros y con mejor integración invierten la cifra», señaló.
Petit propuso, además, que la gestión de las cárceles salga de la órbita del Ministerio del Interior, otorgando mayor autonomía a las instituciones penitenciarias, y sugirió que todos los delitos puedan redimir penas, para ofrecer a los internos una perspectiva de reinserción.
«Se requieren más iniciativas y acumulación de acciones para tener un sistema que cumpla su función de ser una usina de integración social. Cortar la violencia con procesos socioeducativos es la meta», concluyó el comisionado, advirtiendo que la violencia acumulada en las cárceles puede volver a la sociedad.
Fuente y foto: Infobae
