El Gobierno de Venezuela anunció este viernes el inicio formal del proceso para retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI). El canciller Félix Plasencia informó que, por instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el país notificó al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, la decisión de denunciar el Estatuto de Roma, en cumplimiento del artículo 127 del tratado.
Según explicó el funcionario, Caracas sostiene que la CPI mantiene «un sesgo geográfico demostrado», al concentrar gran parte de sus investigaciones en países de África y América Latina. Para el Ejecutivo venezolano, esta situación refleja una actuación que favorece intereses políticos por encima de la aplicación imparcial de la justicia internacional.
En el comunicado oficial, el Gobierno afirmó que ese comportamiento constituye una forma de instrumentalización del sistema judicial internacional y denunció que la Corte ha sido utilizada para impulsar acciones de lawfare o «guerra jurídica». A su entender, ello ha servido para perseguir políticamente a Venezuela y vulnerar el principio de soberanía de los Estados.
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Las autoridades venezolanas reiteraron además su compromiso con una justicia internacional «genuinamente equitativa», basada en el respeto a la autodeterminación de los pueblos. La decisión ya había sido anticipada en diciembre de 2025, cuando la Asamblea Nacional aprobó una ley para derogar la adhesión del país al Estatuto de Roma.
En aquella oportunidad, el Parlamento justificó la medida también como un gesto de solidaridad con el pueblo palestino, al considerar insuficiente la actuación de la CPI frente a la ofensiva militar israelí en Gaza. Legisladores oficialistas cuestionaron la eficacia del organismo y lo acusaron de responder a intereses de Estados Unidos, pese a que la Corte emitió órdenes de detención contra altos funcionarios israelíes en 2024.
FUENTE: RT.
IMÁGEN: Mouneb Taim / Gettyimages.ru.
