Un juez federal en Salta ordenó que el propietario y su hijo de una finca en Anta paguen $3,360,000 a un trabajador rural víctima de trata laboral.
El acuerdo de conciliación fue parte de una investigación formalizada por el Ministerio Público Federal Fiscal.
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La víctima, contratada sin formalidad, vivía en condiciones precarias y no recibía el salario acordado debido a descuentos por mercadería.
La fiscalía llevó a cabo una inspección y allanamiento que revelaron las condiciones inhumanas en las que vivía la familia del trabajador.
El acuerdo de reparación integral, que prescindió del ejercicio de la acción penal, marca un paso significativo en la protección de los derechos laborales y humanos de la víctima.
Fuente: Télam.
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