Sindicatos bolivianos chocaron con la Policía en el centro de la capital durante protestas contra el decreto que encareció la gasolina y el diésel hasta un 162%.
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Los sindicatos bolivianos protagonizaron este martes fuertes enfrentamientos con la Policía en el centro de La Paz, en el marco de una nueva jornada de protestas contra el decreto del Gobierno que eliminó la subvención estatal a los combustibles.
Las manifestaciones se concentraron en los accesos a la plaza Murillo, donde se ubican el Palacio de Gobierno y la Asamblea Legislativa. Allí, grupos de manifestantes intentaron avanzar hacia la sede del poder político, mientras las fuerzas de seguridad desplegaron vallas metálicas y operativos antidisturbios. Durante los incidentes, se registraron detonaciones de dinamita y petardos por parte de los protestantes, a lo que la Policía respondió con gases lacrimógenos y gas pimienta para dispersarlos.
Las movilizaciones fueron encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), con la adhesión de trabajadores fabriles, maestros y otros gremios urbanos. En distintos puntos del casco histórico, grupos de mineros detonaron pequeñas cargas de dinamita, una práctica habitual del sector en las protestas sociales del país.
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El dirigente minero Andrés Paye aseguró que las medidas de fuerza continuarán y reiteró el reclamo para que se anule el decreto 5503, que puso fin al subsidio a los carburantes. “Cualquier medida gubernamental tiene que beneficiar al pueblo”, sostuvo, y advirtió que los mineros seguirán movilizados incluso durante las fiestas de Año Nuevo.
El conflicto se desató tras la eliminación de un subsidio que durante más de dos décadas mantuvo congelados los precios de la gasolina y el diésel. Con el nuevo esquema, la gasolina aumentó un 86%, mientras que el diésel registró subas de hasta el 162%, lo que generó un fuerte impacto en el costo de vida y en la actividad productiva.
El Gobierno del presidente Rodrigo Paz, que asumió en noviembre, defendió la medida al considerar que era inevitable para garantizar el abastecimiento y aliviar las finanzas públicas. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, calificó al subsidio como una “sangría económica” y señaló que el déficit fiscal rondaría este año el 13% del PBI.
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Bolivia importa gran parte del combustible que consume, lo que agravó la escasez registrada durante casi un año y medio, con largas filas en estaciones de servicio y efectos directos sobre el transporte y la producción de alimentos. Desde el Ejecutivo afirman que la eliminación del subsidio permitió normalizar el suministro y generar un ahorro diario estimado en 10 millones de dólares.
La decisión estuvo acompañada por otras medidas económicas, como el aumento del salario mínimo y el incremento de bonos sociales. Sin embargo, los sindicatos cuestionan el alcance del ajuste y denuncian que el decreto habilita al Banco Central a gestionar financiamiento externo sin aval legislativo, lo que, según la COB, viola la Constitución.
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Aunque la central obrera convocó a una huelga general indefinida desde el 22 de diciembre, el impacto fue dispar. Los mineros estatales encabezan las protestas, mientras que transportistas, comerciantes y mineros cooperativistas suspendieron las medidas tras acuerdos parciales. En paralelo, un grupo de mujeres mineras inició huelgas de hambre para reforzar el reclamo.
Hasta el momento, la Policía no informó sobre heridos ni detenidos. El Gobierno ratificó que no dará marcha atrás con el decreto, aunque aseguró que mantiene abierta la vía del diálogo sin condicionamientos.
Fuente y foto: Infobae
