Tras el revés parlamentario del año pasado en el Senado, el debate por la ley de Ficha Limpia regresa al Congreso con una nueva iniciativa impulsada por la diputada nacional y presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia.
El proyecto apunta a impedir que personas con condenas confirmadas por tribunal de alzada —aunque aún no cuenten con sentencia firme— puedan postularse a cargos electivos nacionales, incorporando un criterio de “doble conforme” como requisito de idoneidad.
La iniciativa amplía además el listado de causales de inhabilitación, incluyendo delitos como corrupción, fraude contra el Estado, lavado de activos, abuso, trata de personas, narcotráfico y delitos contra la vida, la integridad física y el orden constitucional.
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También incorpora como novedad la exclusión de deudores alimentarios morosos, al considerar que el incumplimiento de obligaciones básicas de manutención refleja falta de responsabilidad incompatible con el ejercicio de la función pública.
El control de los requisitos quedará en manos de la Justicia Electoral al momento de oficializar candidaturas, mientras que el Registro Nacional de Reincidencia deberá mantener un listado actualizado de sentencias alcanzadas por la norma.
Scaglia defendió la iniciativa al sostener que “las instituciones se defienden con reglas claras y la política tiene que dar el ejemplo”, y destacó la experiencia de Santa Fe como antecedente de implementación de este tipo de restricciones.
El proyecto retoma un debate que ya había llegado al Senado en mayo del año pasado, cuando una iniciativa similar obtuvo 36 votos afirmativos pero no alcanzó la mayoría necesaria y terminó siendo rechazada en una ajustada votación.
FUENTE: NA.
IMÁGEN: NA.
