“La ministra (Florencia Perata) dijo que no se podía hablar del cierre de escuelas porque se estaba trabajando en un nuevo diseño curricular. Pero sin embargo la primera medida que toma el Ministerio, a través la resolución 184/20, es el cierre de la escuela y la pérdida de los puestos de trabajo. Esa es la acción que motiva todo lo que sucede después”, enfatizó Ayerbe.
“Técnicamente la resolución deja sin efecto la disposición que nos convirtió en escuela en 2015, inclusive con la nómina de docentes que iban a ser dados de baja, entonces podemos hablar de cierre”, remarcó.
“En la reunión con el Gobernador, su compromiso fue que la escuela no se cerrará y que los docentes no quedarán sin trabajo. Pero en la última nota que recibimos nos comunican que la resolución está en suspenso, no es un dato menor, porque si la idea no es cerrar la escuela para que se deja en suspenso la resolución que la cierra”, cuestionó.
“Parece que la aplicación o no de la resolución de cierre dependerá del resultado del diálogo. Por eso nosotros presentamos un recurso de amparo mediante el cual la Justicia resolvió no innovar en primera instancia. Habría que dar la resolución de baja y comenzar a trabajar como corresponde”, planteó Ayerbe.
“Esta escuela está desfinanciada por del Ministerio de Educación desde el 2017, lo que llevó a que la matrícula fuera bajando. Para quienes no conocen el proyecto, acá los jóvenes tienen tres comidas diarias, se les entregaba todo el material didáctico y de seguridad como botines, mamelucos y gafas, pero frente la imposibilidad de financiar todos estos recursos la matrícula fue decayendo”, fundamentó.
“Nuestra propuesta al Gobernador fue ampliar la matrícula con el acompañamiento del Estado y él se comprometió a eso”, recalcó.
“Es un proyecto de investigación que comenzó hace unos 30 años y que a lo largo del tiempo ha tenido apoyo del Estado en todos los gobiernos, por las características innovadoras del sistema de educación que propone. Desde el 96, 97 tenemos declaración de interés de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, apoyos de la Secretaría de Trabajo, además de acompañamientos de organismos nacionales”, destacó el presidente de la Fundación Ceferino.
“Con una resolución de dos días se resolvió cerrar un proyecto de 30 años que además fue presentado en otras partes del continente”, reprochó.
“Son 27 docentes, pero hay que aclarar que la escuela no tiene una trayectoria tradicional. Acá se trabaja desde las 8.30 de la mañana a 5/7 de la tarde dependiendo de los talleres que se dicten en el día. Es una escuela de dos turnos y medio en la que independientemente del número de docentes y horas, acá no hay cargos directivos, ni secretarios ni de cocineros”, replicó sobre otras de las observaciones que hizo la ministra Perata.
“La escuela es de nivel medio, pero no es un secundario tradicional, es de trayectoria alternativa, pero así y todo no es la única del a Provincia, está reconocida por la Ley Nacional de Educación”, sostuvo Ayerbe.
“Los chicos que comenzaron a principios de año durante la pandemia no dejaron ninguno. Se les acercaron los trabajos a la casa porque la mayoría no tenía conectividad, casi todas las familias empezaron una huerta familiar porque llevamos semillas y material”, esgrimió.
“Así fue aprobado el proyecto en 2.015, nosotros no llevamos a la reunión un viejo proyecto, sino el educativo institucional que no se renueva año a año y que había sido evaluado y aprobado por los equipos técnicos del Ministerio”, respondió.
“De hecho la escuela tiene orientación agraria, pero hace hincapié en la capacitación laboral. Hasta 2016, que tuvimos convenio con la Secretaría de Trabajo, certificábamos todos los talleres, independientemente de si terminaban la escuela media. Pero eso lo perdimos en 2017 y eso también motivo un amparo”, aludió.
“Nosotros solicitamos que sin recursos extras de cargos ni de horas nosotros podíamos hacer un doble orientación y tener un Centro Profesional de Gestión Social para certificar todos los talleres. Para nosotros un egresado no es sólo un joven que termina el secundario, sino que se va con más herramientas con las que entró y podría acceder a un trabajo más calificado”, argumentó.
“A partir de 2016 el Estado ha ido boicoteando nuestra escuela. Por ejemplo no estamos en el listado de ofertas educativas, y hemos hecho el reclamo. Un padre o una madre se fijan y no aparecemos y entonces pensará que no somos una alternativa”, recriminó Ayerbe.
“La Ley de Escuelas de Gestión Social, que impulsamos varias escuelas con el respaldo de un grupo de padre, se votó en la gestión Das Neves, pero el Gobernador la vetó. La ley se volvió a impulsar en 2018, se aprobó y quedó vigente”, memoró.
“Entonces el Ministerio de Educación debió haber creado una Dirección de Escuelas de Gestión Social y Cooperativas porque no somos lo mismo que una escuela de gestión privada, y no estoy haciendo ningún juicio de valor”, reclamó.
“Esa ley 126 dice que podemos proponer cambios a los proyectos educativos, pero debemos estar atentos porque se pretende generar otra ley más laxa que nos obligaría a quedar sujetos a las resoluciones vigentes”, concluyó Ayerbe.
