En Rawson, la jueza de garantías Eve Ponce decidió abrir una investigación contra L.G. por presunto delito de lesiones leves y amenazas en un caso de violencia de género.
A pedido de la Fiscalía de Rawson, la jueza de garantías Eve Ponce resolvió abrir una investigación y un proceso penal contra L.G., imputado por presunto delito de lesiones leves y amenazas en el marco de violencia de género. La presunta víctima es una mujer de 23 años con la que el imputado tiene un hijo en común.
Durante la audiencia de apertura de investigación, la jueza Ponce informó al imputado sobre sus derechos y el significado del proceso que comienza en su contra. El defensor del imputado, el abogado Romano Cominetti, argumentó que los hechos, tal como son investigados, difieren de la versión que su cliente le contó. L.G. presentó su versión de los hechos durante la audiencia en la Oficina Judicial de Rawson.
Según la denuncia, los hechos ocurrieron el pasado 20 de diciembre durante una discusión en el interior del vehículo que conducía el imputado. La mujer denunció que L.G. le dio un golpe de puño en el rostro. Una médica del Hospital Santa Teresita de Rawson constató un corte y un hematoma en el labio inferior de la mujer, además de un hematoma en uno de sus brazos.
La abogada de la fiscalía, Etelvina Medina, describió los hechos en la audiencia, y la fiscal general Florencia Gómez, jefa de la Fiscalía de Rawson, está a cargo de la investigación.
L.G. admitió la existencia del incidente y la discusión en el interior del vehículo. Afirmó que la mujer, que estaba sentada en el asiento posterior, lo golpeó en la cabeza con un celular. Según su versión, intentó evitar la agresión para evitar un accidente de tránsito y luego dejó a la mujer frente a la casa de un familiar.
El defensor Cominetti destacó que, desde el incidente, la relación entre ambos ha mejorado en función de la crianza de su hija en común.
La investigación ha sido formalmente abierta por el delito de lesiones leves y amenazas agravadas por la relación entre el imputado y la presunta víctima en el marco de violencia de género. El Ministerio Público Fiscal tiene un plazo de tres meses para llevar a cabo la investigación.
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