Carlos Villalba, ex jefe comunal de Salvador Mazza, fue eximido por falta de pruebas. Otras tres personas recibieron penas de hasta cinco años y medio de prisión por facilitar la prostitución en bares de la provincia.
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El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta resolvió este jueves la situación judicial de cuatro personas acusadas en una causa por trata de personas con fines de explotación sexual, originada en 2013. Entre ellas se encontraba Carlos Villalba, exintendente de la localidad de Salvador Mazza, quien fue absuelto por falta de pruebas, en concordancia con el pedido del Ministerio Público Fiscal.
En contrapartida, los jueces condenaron a Roberto Quintián Ramírez y Mercedes Baigorria, administradores de un bar donde se ofrecían servicios sexuales, a 5 años y 6 meses de prisión. También fue sentenciada Viviana Nancy Gómez, empleada de otro local, a 5 años de prisión en calidad de partícipe necesaria.
El tribunal consideró probada la figura de facilitación de la prostitución agravada por el abuso de situación de vulnerabilidad, destacando que las mujeres involucradas se encontraban en condiciones personales y sociales que condicionaban sus decisiones.
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El exintendente había sido detenido en el domicilio de Marisel Llanes, sindicada como líder de la organización y actualmente prófuga con pedido de captura nacional e internacional. La acusación señalaba que Villalba había colaborado en el traslado de dos mujeres desde Jujuy a Salta para ejercer la prostitución.
Sin embargo, durante el juicio se acreditó que el viaje se habría producido a pedido de Llanes, con quien Villalba mantenía una relación sentimental, para auxiliar a las mujeres tras quedar varadas por una discusión con el dueño del vehículo en el que viajaban. El tribunal concluyó que no hay elementos suficientes para sostener una participación delictiva del exfuncionario y planteó que su intervención pudo haber sido un “traslado benévolo”.
“No hay pruebas que nos permitan confirmar si sabía a qué se dedicaban las mujeres ni detalles del viaje. La duda debe favorecer al acusado”, señalaron los magistrados en los fundamentos.
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La investigación comenzó hace más de una década, tras denuncias anónimas sobre una presunta red de “prostitución VIP” operando en bares de Salta. A través de tareas de campo e intervenciones telefónicas, se identificaron a los acusados y el modo en que se ofrecían los servicios sexuales.
El 15 de agosto de 2013, se realizaron allanamientos en varios bares, donde fueron rescatadas más de 30 mujeres y detenidos los principales implicados.
Con esta sentencia, la causa cierra un capítulo, aunque continúa pendiente la captura de Llanes, principal acusada y aún prófuga de la Justicia.
Fuente y foto: Noticias Argentinas